El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú es responsable por violar los derechos de Camila, una niña indígena víctima de violación a la que se negó el acceso al aborto terapéutico. Además de no garantizar esa atención de salud, el Estado peruano inició una investigación en su contra por el delito de autoaborto.
Pese al esfuerzo de cinco legisladoras por impedir que se prohíba el aborto luego de la sexta semana de gestación, el Senado de Carolina del Sur aprobó esta iniciativa con 27 votos a 19. El gobernador republicano Henry McMaster ratificó la ley, pero ya existe una demanda de Planned Parenthood para bloquearla.
Parlamentarios de los partidos políticos peruanos Renovación Popular, Fuerza Popular y Perú Libre buscan poner en agenda proyectos de ley para cambiar el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de Familia, reconocer derechos a los fetos y limitar el aborto terapéutico en Perú.
En Perú se ha desestimado la segunda demanda presentada por ONG católicas contra el Protocolo de Aborto Terapéutico que regula el acceso a este procedimiento. Para conocer más sobre el impacto de la sentencia, La Mala Fe conversó con Edith Arenaza, abogada del área de Litigio Estratégico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), quien participó en la defensa del protocolo.
Dos demandas presentadas por grupos antiderechos para evitar la aplicación del aborto terapéutico han sido desestimadas en Perú. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos siguen bajo ataque. Actualmente, el Tribunal Constitucional evalúa la continuidad de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
La pareja de abogados Neydy Casillas y Sebastián Schuff dirige el Global Center for Human Rights, una organización contra el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Planean acciones frente a la próxima audiencia del caso de Beatriz vs. El Salvador ante la Corte IDH.
En conferencia de prensa, el Alto Comisionado Volker Türk señaló que las normas que penalizan el aborto en Venezuela provocan la muerte de mujeres. Colectivos feministas han presentado un proyecto de ley para que este procedimiento sea legal, seguro y gratuito.
