Histórico. Por primera vez, dos mujeres y dos profesionales de salud de Dominica y de Antigua y Barbuda han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra leyes antiaborto que se han mantenido vigentes desde la época colonial en el Caribe.
Durante la presentación de su libro, el presidente Javier Milei reiteró su posición contra los derechos sexuales y reproductivos llamando al aborto «agenda asesina». Días antes, fue expositor invitado en la cumbre de VOX, partido de ultraderecha español que ejerce influencia a través de su relación con grupos antiderechos en Latinoamérica.
El Estado peruano publicó un decreto que considera el transexualismo como enfermedad mental. Profesionales de salud alertan que la norma se basa en una clasificación internacional obsoleta y abre las puertas a las mal llamadas «terapias de conversión», promovidas por grupos antiderechos contra la población LGTBIQ+.
El 6 de mayo, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde pide garantías del sistema de salud para la interrupción voluntaria del embarazo. El pronunciamiento atiende al caso de una mujer que fue víctima de maltratos al acudir a un servicio de salud para abortar. Días antes del fallo, grupos antiderechos organizaron la Marcha Nacional por la Vida pidiendo eliminar la despenalización del aborto.
Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.
