Histórico. Por primera vez, dos mujeres y dos profesionales de salud de Dominica y de Antigua y Barbuda han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra leyes antiaborto que se han mantenido vigentes desde la época colonial en el Caribe.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En el Caribe, solo Barbados y Guyana cuentan con normas no penales que amplían el acceso al aborto. En otros países de la región, como Dominica y Antigua y Barbados, existe una prohibición casi total. La única excepción es para embarazos de más de 28 semanas y en caso que sea necesario salvar la vida de la mujer. Así, las niñas, mujeres y profesionales de salud condenados por abortar o facilitar un aborto enfrentan penas de prisión de hasta 10 años. Pero pronto eso podría cambiar.
Cuatro personas —dos mujeres y dos profesionales de salud— han presentado demandas de inconstitucionalidad para promover reformas de las leyes del aborto en Dominica y Antigua y Barbados. Estas acciones legales reciben el apoyo de investigadores y abogados de Women Against Rape, ASPIRE, la Iniciativa de Igualdad de Género de la Escuela de Derecho Northwestern Pritzker, MiRiDom y la Universidad St. George.
«Las valientes mujeres y proveedores de salud argumentan que estas leyes de aborto son una afrenta a la autonomía corporal de mujeres y niñas, afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas más pobres, y constituyen una discriminación sexual injustificable, ya que los hombres no están sujetos a restricciones similares en su salud sexual y reproductiva», señala un comunicado de prensa difundido por dichas organizaciones.
Resultados de una encuesta impulsada por los demandantes en Antigua y Barbados. La muestra corresponde a 397 profesionales de salud y mujeres usuarias de servicios de salud sexual y reproductiva.
Imagen: Red Jurídica Clacai
Los demandantes señalan que los gobiernos utilizan las leyes antiaborto para justificar la falta de políticas y servicios efectivos para garantizar que las mujeres y las niñas tengan un acceso más amplio a servicios de salud sexual y reproductiva. Además, resaltan que aun cuando las leyes que persiguen el aborto no se aplican en muchos casos, eso no significa que no tengan impacto.
Tanto Dominica como Antigua y Barbuda fueron colonias británicas. En Inglaterra, la ley se enmendó en 1967 para permitir el aborto en circunstancias específicas. Sin embargo, la criminalización del aborto se mantiene en los países del Caribe que anteriormente estuvieron bajo su poder.
En 2013, una mujer de 46 años y un farmacéutico de Dominica fueron detenidos por el delito de aborto. Según la investigación policial, el profesional de salud le vendió y administró medicamentos para abortar a la mujer, que fue detenida posteriormente cuando acudió por tratamiento al hospital.
No se trata de casos aislados. En 2021, en las Islas Vírgenes Británicas, donde rigen leyes antiaborto similares a las de Dominica y de Antigua y Barbuda, una mujer de 44 años fue condenada por ayudar a su hija de 14 años a abortar. Según se reportó, ambas trataron de llegar a un establecimiento médico fuera del territorio para interrumpir el embarazo, pero al no lograrlo, la madre compró píldoras abortivas. Fue detenida luego que su hija acudiera al hospital de emergencia.
En 2023, en Bahamas, un doctor fue acusado de ayudar a una adolescente de 15 años a realizarse un aborto. Junto a él, fueron detenidas la mamá y la hermana de la adolescente, acusadas de conspirar para que se realice el aborto.
«La criminalización, en sí misma, refuerza el estigma social asociado al aborto y obliga a mujeres y niñas a someterse a procedimientos arriesgados que pueden resultar en consecuencias dañinas, a veces fatales, en su salud, especialmente para aquellas en peores circunstancias socioeconómicas», indica el comunicado de prensa sobre las recientes demandas para reformar las leyes de aborto en Dominica y en Antigua y Barbados.
Ahora, se espera que los tribunales en estos países se inclinen a declarar estas leyes que datan de la época colonial como inconstitucionales.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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