“Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo”, indicó el Alberto Fernández en su mensaje.
Esta medida permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación y regula la atención posaborto. Además, explicita que la norma alcanza a mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, obliga a que la IVE se realice en todas las instituciones de salud en el plazo máximo de diez días y garantiza el trato digno, sin violencia, con respeto a la privacidad y confidencialidad de la paciente.
El Código Penal de Argentina -de casi cien años de antigüedad- penaliza el aborto hasta con 15 años de cárcel, a excepción de casos de violación o en los que la vida de la mujer está en riesgo. “La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38,000 mujeres por abortos mal practicados. Y desde la recuperación de la democracia (1983) murieron más de 3000 mujeres por esa causa”, precisó Fernández.
Y agregó: “La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. La legalización del aborto permite, además, como ocurrió en la Ciudad de México o en Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan”.