Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti firmaron de manera unánime la desestimación de dos acciones de amparo contra la vigencia de la ley 27.610, de interrupción voluntaria del embarazo.
Así, las demandas “Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – M Salud de la Nación s/ amparo ley 16.986″ y ”Kulanczynsky, Marisa Esther y otros c/ EN – Poder Ejecutivo s/ amparo ley 16.986″ fueron rechazadas tanto en primera instancia como en apelación.
Estas acciones fueron presentadas por un grupo de abogadas antiderechos: Marisa Esther Kulanczynsky, María Alejandra Abdian, Marianela Manelli, Walter Luis González, Florencia Cortez, Patricia Mónica Rodríguez y Susana Silvia Accorinti. Esta última asumió el patrocinio legal.
¿Cómo sustentó la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la desestimación de las acciones de amparo? La clave fue un precedente que establece que el demandante debe: 1) Demostrar un perjuicio específico distinto al de otros ciudadanos; y 2) Representar un interés general de la sociedad.
Esos dos criterios no se cumplían en los amparos presentados. Las abogadas no pudieron demostrar que la ley de aborto legal afecta sus derechos de forma distinta a la del resto de la ciudadanía. Tampoco lograron probar que representaban un interés general que legitime su demanda.
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se aprobó en Argentina en 2020 y entró en vigencia desde 2021. Pese al amplio debate nacional donde se sustentó la norma, persisten las acciones —legales o no— que buscan evitar su aplicación. Estas son impulsadas por grupos antiderechos.
Foto: Ronald Schemidt / AFP
Como resaltó la Sala, pronunciarse sobre estos casos excedería los límites normativos y jurisprudenciales, porque no había una afectación directa a las demandantes y no había una causa específica tampoco.
En respuesta, las demandantes presentaron un recurso extraordinario. Finalmente, sin embargo, la Corte Suprema confirmó la decisión. Así, la ley de aborto legal sigue siendo constitucional y se mantiene su vigencia.
¿Quiénes son las abogadas que presentaron los amparos contra el aborto legal? Los nombres de dos de las demandantes, Marisa Kulanczynsky y Susana Accorinti, aparecen en un pronunciamiento del 2018 a nombre de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. En dicho texto se señala que la comisión está conformada por un grupo de más de cuarenta abogados y abogadas de Argentina que se oponen al aborto.
Susana Accorinti, quien según su perfil de LinkedIn es fiscal federal, es la más vocal en su postura antiderechos. Este año, en el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen, señalaba en sus redes que esta fecha emblemática aplicaba para «las víctimas de la ley de aborto en Argentina». En 2020, pedía que se muestre el vídeo de un aborto en el Senado en el marco del debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
En 2020 también publicó un artículo de opinión en el medio Ámbito, donde argumentaba que si se aprobaba el aborto legal, seguro y gratuito, debía aplicarse la «objeción de conciencia fiscal».
Susana Accorinti es una de las abogadas que presentó acciones de amparo contra la ley de aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Además de buscar que se declare inconstitucional, ha buscado impulsar la propuesta de la «objeción de conciencia fiscal», para que los contribuyentes puedan negarse a que sus impuestos sean utilizados en la atención médica de mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.
Imagen: Captura LinkedIn
Según la propuesta de la abogada, «quienes no estén de acuerdo con el aborto por no considerarlo un derecho, sino un ‘antiderecho’, podrían resistirse al pago de los tributos por ser contrario a sus principios éticos o religiosos o de vida, con fundamento en la objeción de conciencia».
Accorinti sostiene que la objeción de conciencia fiscal ya se ha aplicado anteriormente, cuando determinadas personas se oponían a que sus tributos se utilicen para afrontar los costos de una guerra o gastos militares. Es decir, estaría equiparando el rechazo a acciones bélicas al rechazo a la atención médica de las mujeres que buscan interrumpir su embarazo, sin considerar el aborto como un asunto de salud pública.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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