En la Comisión de Justicia del Congreso de Aguascalientes se presentó un proyecto de dictamen que no toma en cuenta lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto: la derogación de artículos del Código Penal que criminalizan el aborto. Colectivos antiderechos han venido presionando para que legisladores pongan trabas para la despenalización en este estado.
Un grupo de senadores en Brasil busca que se realice una consulta popular para decidir sobre la legalización del aborto. La iniciativa se impulsó luego que la magistrada Rosa Weber, presidenta saliente del Supremo Tribunal Federal, votara a favor de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Por el momento no hay fecha determinada para la continuación del debate y votación de este expediente, presentado en 2017 por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
Este año hubo importantes victorias legales para la despenalización del aborto en México y para la aplicación del aborto terapéutico en Perú. A la par, la arremetida de colectivos antiderechos busca eliminar los avances conseguidos en Argentina, que despenalizó el aborto en 2020, y en Chile, que tiene una ley de aborto por causales desde 2017. Aún hay cuatro países de Latinoamérica con prohibición total del aborto.
De acuerdo a una encuesta de Ipsos, 65% de peruanos conectados considera que el aborto debería ser legal en casos de violación. En Perú, la interrupción del embarazo está despenalizada cuando la vida o la salud de las mujeres está en riesgo, pero existen trabas para su aplicación. En solo una semana, se reportó el caso de tres niñas de 11 años que requerían el aborto terapéutico. Hasta el momento, solo una de ellas pudo acceder al procedimiento.
Luego que se les negara la interrupción de sus embarazos pese a graves riesgos para su salud, un grupo de mujeres ha iniciado demandas en Idaho, Tennessee y Oklahoma, tres estados con prohibiciones contra el aborto. Médicos se unieron a las acciones legales. Exigen que se garantice el acceso al aborto en emergencias médicas y que las normas estatales clarifiquen los casos de excepción para interrumpir un embarazo.
Este miércoles 6 de setiembre, la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto. Así, la interrupción voluntaria del embarazo será legal en establecimientos federales de salud. Esta decisión se logró a pesar del lobby que realizaron las organizaciones religiosas y grupos antiderechos durante los últimos meses, en las que, incluso, recolectaron más de 8 mil firmas contra el aborto y realizaron manifestaciones fuera del tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes. El Congreso estatal deberá derogar los artículos del Código Penal que castigan el procedimiento. Así, ya son doce los estados de México donde se ha despenalizado el aborto.
El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, anunció que en caso de ser electo «haría un plebiscito» sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, afirmó estar «en contra del aborto» y enfatizó que «no es un derecho ganado».
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, anunció que si son mayoría en el Congreso, presentarán un proyecto contra la ley que garantiza el aborto por tres causales: violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida de la madre. Además, buscan poner trabas a esta ley en la nueva Constitución. Más de 200 organizaciones de mujeres se han manifestado en contra.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas determinó que Perú es responsable por violar los derechos de Camila, una niña indígena víctima de violación a la que se negó el acceso al aborto terapéutico. Además de no garantizar esa atención de salud, el Estado peruano inició una investigación en su contra por el delito de autoaborto.
