Dos demandas presentadas por grupos antiderechos para evitar la aplicación del aborto terapéutico han sido desestimadas en Perú. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos siguen bajo ataque. Actualmente, el Tribunal Constitucional evalúa la continuidad de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Después de cinco años, la Corte Suprema del Poder Judicial dio por finalizado el proceso legal interpuesto por la asociación Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) Santo Tomás Moro contra el Protocolo de Aborto Terapéutico. La sentencia confirma que la norma es constitucional porque tiene como fundamento el derecho a la vida, la salud y la dignidad de niñas, adolescentes y mujeres. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema también tuvo en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos vinculantes para el Perú.
Como se recuerda, el Estado peruano ha sido denunciado en dos oportunidades ante organismos internacionales por violación de derechos humanos al no garantizar acceso al aborto terapéutico. Los casos emblemáticos de K.L. y L.C. demostraron las consecuencias que enfrentan las mujeres cuando se les niega acceso a un procedimiento que puede proteger su salud y sus vidas. Justamente, ese fue el sustento para implementar la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo menor de 22 semanas (más conocida como Protocolo de Aborto Terapéutico).
Desde su aprobación en 2014, dos grupos católicos han intentado impedir que se aplique. El primero fue la ONG Acción de Lucha Anticorrupción (ALA) Sin Componenda, conocida por sus acciones legales contra la distribución de la píldora del día siguiente. En 2014, ALA Sin Componenda presentó una acción de amparo contra el Protocolo de Aborto Terapéutico alegando que «ahora la ciencia salva al niño, niña y a la madre». Esta demanda fue declarada improcedente por el Poder Judicial en 2020. Para entonces, sin embargo, ya existía otra asociación siguiendo sus pasos.
El segundo proceso legal contra el Protocolo de Aborto Terapéutico fue iniciado en 2018 por el CEJ Santo Tomás Moro, una ONG que preside el abogado Alberto González —el mismo que representó al colectivo Padres en Acción en su demanda contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica. En su demanda de acción popular, el CEJ Santo Tomás Moro argumentó que el aborto es un delito y, aunque el aborto terapéutico no sea punible, «constitucionalmente no se puede reglamentar una conducta ilícita». En 2020, el Poder Judicial falló en su contra, pero la ONG apeló. Finalmente, en marzo de este año, se confirmó la sentencia en primera instancia: la demanda fue declarada infundada. Además, los jueces ordenaron que se realicen ajustes al Protocolo de Aborto Terapéutico.
Desde la aprobación del Protocolo de Aborto Terapéutico en 2014, dos ONG católicas han iniciado procesos judiciales para impedir que se aplique. En ambos casos, el Poder Judicial falló a favor de esta guía que regula la aplicación del aborto en los casos en los que la vida o la salud de las mujeres está en riesgo.
Foto: Captura
Se trata de una victoria importante, pero las brechas y peligros para los derechos sexuales y reproductivos en Perú se mantienen. Aún con el Protocolo de Aborto Terapéutico vigente, el estigma, las creencias religiosas y el miedo muchas veces impiden su aplicación. Además, otras acciones de grupos antiderechos obligan a mantener la alerta.
En 2004, ALA Sin Componenda presentó una demanda contra la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, argumentando que era abortiva. En 2009, el Tribunal Constitucional detuvo la distribución por parte del Ministerio de Salud, señalando que el inicio de la vida humana se produce con la fecundación. Sin embargo, planteó la posibilidad de que ese criterio podía cambiar con el avance de las investigaciones científicas. El efecto fue que la anticoncepción oral de emergencia (AOE) dejó de estar disponible en servicios de salud públicos, pero siguió a la venta en farmacias. Es decir, quedó al alcance únicamente de quienes tenían los recursos económicos para acceder a ella.
Pasaron siete años hasta que el Poder Judicial dictó una medida cautelar para que el Ministerio de Salud volviera a distribuir la AOE, luego de una acción de amparo presentada por una ciudadana con asesoría de Promsex. Después, en 2019, el Primer Juzgado Constitucional de Lima sentenció que existía evidencia científica para afirmar que la píldora del día siguiente no es abortiva. Pero ALA Sin Componenda apeló y ese fallo quedó sin efecto. Así, la decisión pasó una vez más al Tribunal Constitucional.
ALA Sin Componenda, presidida por el abogado José Luis Garrido Lecca, ha presentado demandas para impedir que se distribuya la píldora del día siguiente y para que no se aplique el Protocolo de Aborto Terapéutico en Perú (esta ya fue desestimada). Esta ONG católica fue fundada por un sociólogo vinculado al dictador Alberto Fujimori y su exasesor Vladimiro Montesinos.
Foto: Juan Zapata / Wayka
El 28 de febrero de este año, este organismo realizó una audiencia para evaluar la distribución gratuita de la AOE en servicios de salud del Estado. Durante esta sesión, los miembros del Tribunal Constitucional escucharon los argumentos de las partes. Representantes de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Defensoría del Pueblo, el Colegio Médico del Perú, así como ginecólogos y abogados presentaron evidencias a favor de la distribución de la píldora del día siguiente. Del otro lado, se presentaron representantes del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, de la Universidad de Navarra y Christian Rosas, conocido vocero del colectivo Con mis hijos no te metas. «Toda persona debe vivir, no como Hitler que pensaba que no deben vivir», dijo Rosas en una de sus intervenciones.
Ahora la decisión está en manos de los magistrados Francisco Morales, Luz Pacheco, Gustavo Gutiérrez, Helder Domínguez, Manuel Monteagudo y César Ochoa. Una situación preocupante, pues al menos dos de sus miembros han presentado posturas contrarias a los derechos sexuales y reproductivos anteriormente. Es el caso de Luz Pacheco, quien declaró que un aborto es más dañino para una mujer que un aborto no deseado, y de Gustavo Gutiérrez, quien a través de sus redes se ha expresado contra el matrimonio igualitario, la legalización del aborto y la eutanasia.
A esa situación se suman las iniciativas impulsadas desde el Congreso peruano contra los derechos sexuales y reproductivos. A mediados del año pasado, se promulgó una ley que permite a padres de familia vetar información vinculada al enfoque de género en los contenidos educativos y la educación sexual integral. Este proyecto fue impulsado por el congresista Esdras Medina, del partido conservador Renovación Popular, quien simpatiza con el colectivo Con mis hijos no te metas. Actualmente, está en curso una acción de amparo presentada por una escolar y su madre, con asesoría de Promsex, para impedir que esa ley se aplique.
La aplicación del aborto terapéutico también está en riesgo por otros proyectos de ley. La pastora evangélica Milagros Aguayo, parlamentaria del partido Renovación Popular, presentó un proyecto para «reconocer derechos al concebido», y ya cuenta con un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia. De forma similar, la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, impulsa un proyecto «para proteger la vida del niño por nacer», que ya ha sido aprobada por la Comisión de la Mujer. En esa misma línea, Alejandro Muñante —congresista de Renovación Popular y presidente de la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia (RENAFAM)— presentó un proyecto para crear un observatorio de vigilancia de la salud de la madre gestante y del niño por nacer y ya cuenta con aprobación de la Comisión de Salud. El objetivo, señaló, es «garantizar la responsabilidad del Estado en la tutela constitucional y legal en favor de la vida». Todas estas iniciativas podrían discutirse y aprobarse en el Pleno del Congreso, de mayoría conservadora.
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