En los últimos años, diversas formas de violencia han recaído sobre las mujeres que se dedican a la política en América Latina. Mientras que México mantiene los índices más altos de asesinatos, en Perú se reportan casos de violaciones sexuales en el Congreso de la República.
Hace unos meses, cabe recordar, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó dos históricas sentencias que protegían el derecho al aborto para las mujeres. Desde entonces, diversas organizaciones han pedido a los conglomerados tecnológicos que sus plataformas protejan a las mujeres que busquen información para interrumpir sus embarazos.
En los últimos meses, conocidos activistas y organizaciones que se oponen a los derechos de la mujer han emprendido eventos, exposiciones y talleres en Perú y Bolivia en medio del avance de los grupos antiderechos en la política.
Desde bloquear la ratificación de convenios internacionales que buscan erradicar la discriminación, hasta frenar un evento de la OEA y cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Mientras su historia era objeto de un dramático debate en Brasil, te cuento que en una sala de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, hombres trajeados – y algunas mujeres- negociaban el texto de una resolución sobre su destino.
La propuesta de nueva Constitución incluye una serie de artículos e incisos que buscan garantizar una sociedad con paridad en las instituciones públicas, libre de violencia y discriminación y con acceso al derecho al aborto seguro y voluntario.
El fallo de la Corte Suprema, compuesta por seis magistrados conservadores y tres progresistas, pone en vilo la situación de los derechos reproductivos de las mujeres al no reconocer al aborto como un derecho constitucional. A partir de ahora, dependerá de las posturas y normas de cada estado.
Tras el triunfo electoral, el flamante presidente Gustavo Petro encara su primer reto: hacer de Colombia un país sin discriminación hacia la población LGBTIQ, una educación sexual integral en los colegios y un sistema de salud pública que garantice el derecho al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos.
Un documento técnico del Ministerio de Salud propone investigar a las víctimas de violación sexual que recurran al aborto, pese a que este servicio es legal para esos casos.
Tras el cierre de diversas organizaciones feministas dedicadas a proteger a mujeres y personas LGBTIQ expuestas a distintos tipos de violencia, el Estado de Nicaragua deja aún más expuestas a las poblaciones vulnerables de su país.
