Un documento técnico del Ministerio de Salud propone investigar a las víctimas de violación sexual que recurran al aborto, pese a que este servicio es legal para esos casos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Desde un despacho del Ministerio de Salud, el régimen de Jair Bolsonaro pone en peligro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sobre todo de las víctimas de violación sexual que resultaron embarazadas. Un documento técnico que aún falta debatirse propone investigar a las personas que recurran al aborto, pese a que este servicio está permitido en tres causales.
El pasado martes 7 de junio, el diario afín al gobierno Gazeta do Povo de Brasil difundió una versión preliminar de un documento técnico que busca implementarse en el Ministerio de Salud llamado “Atención Técnica para la Prevención, Evaluación y Conducta en Casos de Aborto” y que propone investigar a las mujeres que recurren a su derecho al aborto tras haber quedado embarazadas producto de una violación sexual.
Portada del documento técnico «Atención Técnica para la Prevención, Evaluación y Conducta en Casos de Aborto».
La propuesta técnica fue presentada por el ginecólogo Raphael Cámara, actual secretario del área de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Brasil, y miembro del Consejo Federal de Medicina. El documento, en resumen, alienta a emprender una persecución contra las víctimas de violación sexual que resulten embarazadas pese a que la ley lo permite.
El aborto en Brasil, cabe recordar, es legal bajo tres causales: en casos de violación sexual, para salvar la vida de la persona gestante o si el feto es anencefálico. Fuera de esas tres situaciones, el aborto es delito con penes de uno a tres años de cárcel para las mujeres que aborten y hasta 4 años para los médicos o personas que realicen la interrupción del embarazo o participen en el procedimiento.
No obstante, pese a contar con un marco legal que permite el aborto bajo ciertas restricciones, la propuesta técnica del Ministerio de Salud impulsada por el funcionario Raphael Cámara pone en peligro los pocos derechos sexuales y reproductivos que tienen las mujeres en Brasil. “Todo aborto es un delito, pero cuando se comprueban situaciones de exclusión de ilegalidad tras una investigación policial, deja de ser sancionado”, dice la página 14 del documento a modo de advertencia.
Raphael Câmara, secretario del área de Atención Primaria del Ministerio de Salud de Brasil.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Y en la página 22 de la iniciativa dice: “Actualmente, prevalece la interpretación de que la autorización para interrumpir un embarazo producto de relaciones sexuales no consentidas tiene como objetivo no victimizar a la mujer sucesivamente. Sin embargo, en los primeros tiempos, cuando el legislador permitía interrumpir un embarazo producto de una violación, no lo hacía por respeto a la mujer víctima, sino para evitar el nacimiento del fruto de un delito, es decir, para no correr el riesgo de perpetuar una descendencia criminal”.
Así, la propuesta sugiere que la prioridad en el derecho del aborto no es proteger a las mujeres víctimas de violación sexual, sino evitar el nacimiento “del fruto de un delito”.
Para Cristiao Fernando Rosas, médico ginecólogo, obstetra y coordinador de la Red Médica por el Derecho a Decidir, la propuesta técnica en cuestión busca causar inseguridad jurídica y amenaza hacia las mujeres y los profesionales de la salud.
Cristião Fernando Rosas, médico ginecólogo, obstetra y coordinador de la Red Médica por el Derecho a Decidir.
– Foto: Lela Beltrão.
“El aborto tiene un estigma social muy fuerte en Brasil. Y la criminalización solo refuerza ese estigma. En Brasil, la discusión sobre el tema viene siempre con una carga moral, y en el conflicto de la moral, ninguna sociedad ha resuelto este problema. Las sociedades que han resuelto este problema se han dado cuenta de que esta discusión basada en el conflicto de la moral es insoluble”, explicó Cristiao Rosas a un medio digital de Brasil.
Una propuesta así, sostiene el especialista de la Red Médica por el Derecho a Decidir, solo agravaría la situación de las mujeres en el país. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud del 2018, cada año ocurren 1 millón de abortos inducidos y cerca de 500 mil abortos clandestinos en Brasil. A su vez, según la revista Istoe, solo el 3% de las denuncias por violación terminaron con una condena.
Sin embargo, una encuesta del Instituto Datafolha evidenció una mejora en la percepción de la población de Brasil frente al derecho al aborto: en mayo de este año, el 31% de los encuestados se mostró de acuerdo con la restricción total del aborto, cuando en 2018 el porcentaje era del 41%. El 39% se mostró de acuerdo con permitir el aborto bajo las 3 causales establecidas. Hace cuatro años este porcentaje era del 34%.
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