La propuesta de nueva Constitución incluye una serie de artículos e incisos que buscan garantizar una sociedad con paridad en las instituciones públicas, libre de violencia y discriminación y con acceso al derecho al aborto seguro y voluntario.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
El próximo domingo 4 de setiembre, Chile llevará a cabo un plebiscito para aprobar la nueva Carta Magna elaborada por la Convención Constitucional que busca dejar atrás el marco normativo que dejó el régimen del dictador Augusto Pinochet.
La propuesta de Constitución, además, trae consigo una serie de artículos e incisos que buscan garantizar la paridad en las instituciones públicas y organizaciones políticas, proteger los derechos sexuales y reproductivos con énfasis en las mujeres, así como atender y erradicar todo tipo de discriminación y violencia de género.
En términos generales, el proyecto de Constitución en su artículo 6 sostiene que el Estado promoverá una sociedad con igualdad de género y garantizará en todos los niveles del sector público la paridad. Es decir, que la presencia de hombres en un espacio de trabajo determinado sea proporcional al de mujeres.
La Asamblea Constituyente, recordemos, aprobó hace meses la inclusión de la despenalización del aborto en el proyecto de Carta Magna con 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones.
Marcha feminista en Chile.
– Foto: Edgard Carrido / REUTERS.
“Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el cincuenta por ciento de sus integrantes sean mujeres”, dice el inciso 2 del artículo 6 de la propuesta de Constitución.
A su vez, en el capítulo de “Participación Democrática”, el proyecto de Constitución establece que las organizaciones políticas deberán asegurar la paridad en su composición y ante los procesos electorales. “Las organizaciones políticas reconocidas legalmente implementarán paridad de género en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral y promoviendo la plena participación política de las mujeres”, dice el inciso 1 del artículo 163.
En el capítulo de “Derechos Fundamentales y Garantías del proyecto de Constitución, su inciso 3 del artículo 30 y su inciso 2 del artículo 61 se refieren a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Al respecto, la propuesta busca asegurar las condiciones para que se desarrolle de manera segura un embarazo, un aborto, un parto y una maternidad voluntaria.
“El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural; así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos”, dicta el inciso 2 del artículo 61.
Mujeres de Chile protestando por el derecho al aborto.
– Foto: Claudio Reyes / AFP.
Además, en su apartado de “Sistemas de Justicia”, en el inciso 3 del artículo 338, se plantea que el Estado garantice una infraestructura y equipamiento adecuado para las mujeres y personas gestantes.
En setiembre de 2017, cabe recordar, el gobierno de Chile promulgó la ley 21.030 que permite el aborto solo bajo 3 causales: en casos de violación sexual, cuando la salud de la gestante está en peligro y en situación de inviabilidad fetal. No obstante, tras la propuesta de esta nueva Constitución, le corresponde al Congreso determinar el límite de semanas de gestación para acceder a la interrupción del embarazo.
El proyecto de Constitución también busca promover una sociedad libre de violencia, sobre todo para niñas, niños y mujeres. En el capítulo de “Estado Regional y Organización Territorial”, su artículo 242 propone medidas para prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas rurales.
Para esto, la propuesta también plantea un sistema judicial capacitado para impartir justicia en los casos de violencia de género. “Los sistemas de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, en todas sus manifestaciones y ámbitos”, dice el inciso 4 del artículo 312 del capítulo de “Sistemas de Justicia”.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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