El 2° Conversatorio por la Libertad Religiosa, que reunió a una serie de personajes antiderechos de la región, fue organizado por el Congreso Iberoamericano Por la Vida y Familia.
Luego de que se conoció los presuntos casos de abuso sexual al interior del Sodalicio de Vida Cristiana, la organización religiosa ocultó su capital en offshore de Panamá y Estados Unidos.
En Chile, la Cámara Baja de Diputados rechazó un proyecto de ley que proponía la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. En este país, la interrupción del embarazo solo es permitida cuando la vida de la madre está en peligro, en casos de una violación y si el feto sufre deformaciones.
Desde El Salvador, la activista de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, conversa con La Mala Fe, sobre la situación del caso Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que implica para los derechos sexuales y reproductivos de su país, uno de los lugares de la región más hostiles para las mujeres que sufren complicaciones obstétricas.
Una investigación de EL PAÍS en cinco países de la región revela que centros afiliados a la organización estadounidense Heartbeat International utilizan estrategias que incluyen publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas falsas de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo
En Bolivia, miembros de la Iglesia Católica presionaron para que una niña de 11 años embarazada producto de una violación sexual no acceda al aborto, pese a que es legal desde 2014.
El debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia llega hasta la Corte Constitucional. En caso que se obtengan la mayoría de votos a favor del aborto libre y seguro, el Senado tendrá 2 años para reglamentar el procedimiento.
Hechos ocurridos en los últimos días, desde las máximas autoridades de los tres poderes del Estado han marcado una postura opositora frente a los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.
Desde difundir datos personales hasta ejercer hostigamiento. Estas son algunas de las malas prácticas ejercidas por los grupos antiderechos contra menores de edad víctimas de violación que buscaron interrumpir voluntariamente sus embarazos dentro del marco de la ley.
Hasta el Tribunal Constitucional ha llegado el caso de Eidan Kaleb, una persona intersex que se enfrenta en la vía judicial al Seguro Social de Salud del Perú (Essalud) por negarle el acceso a un tipo de atención médica dirigida a personas de sexo masculino, y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por no permitirle cambiar el nombre y sexo de su documento de identidad. Su abogada, la asesora de Litio Estratétigo de Promsex, Edith Arenaza, habla con La Mala Fe sobre la historia de Eidan y los riesgos de un posible fallo en contra de la población LGBTI.
