En Bolivia, miembros de la Iglesia Católica presionaron para que una niña de 11 años embarazada producto de una violación sexual no acceda al aborto, pese a que es legal desde 2014.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
La religión contra la ley. En Bolivia, una niña de once años embarazada producto de una violación sexual fue impedida por la Iglesia Católica de acceder al aborto, pese a que una sentencia constitucional del 2014 establece que se puede interrumpir el embarazo sin necesidad de una orden judicial y al margen de su periodo de gestación en el que se encuentre.
A mediados del mes de octubre, Bolivia conoció el caso una menor de 11 años con 22 semanas de gestación tras haber sido abusada sexualmente por su abuelastro de 61 años durante 10 meses, mientras su madre y su padrastro salían a trabajar en la ciudad de La Paz. Según la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, el caso se conoció luego de que la niña le contara a una prima “que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia”.
Si bien el violador se encuentra en prisión actualmente, la víctima de 11 años aún no ha podido acceder a la interrupción de su embarazo tras la presión de la Iglesia Católica.
La niña de once años se encontraba en el Hospital Percy Boland, ubicado en la municipalidad de Yapacaní, de la región de Santa Cruz. El personal médico se alistaba para aplicarle la interrupción de su embarazo producto de una violación sexual, cuando miembros de la Iglesia Católica lograron convencer a la madre de la víctima para que no aborte.
Hospital Percy Boland, ubicado en la municipalidad de Yapacaní, de la región de Santa Cruz (Bolivia).
– Foto: Facebook.
Tras el aborto frustrado, la niña fue trasladada al Centro de Madres Adolescentes Madre María, mientras que la Iglesia prometió una mensualidad para su familia. “La única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas”, dijo la Iglesia en un comunicado. “Ambas son vidas humanas independientes”, zanja el pronunciamiento.
El actuar de la Iglesia Católica fue cuestionado por diferentes autoridades locales y organismos internacionales. El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, por ejemplo, dijo que “cuando una niña de 11 años es obligada a dar a luz producto de una violación, le están vulnerando todos sus derechos”. A su vez, concluyó: “Lamentamos que algunas instituciones se sientan con la autoridad de impedir la interrupción legal de un embarazo bajo criterios aleccionadores y morales”.
Ministro del Interior, Eduardo del Castillo.
– Foto: Ministerio de Gobierno de Bolivia.
Desde el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, por su parte, se recordó que un embarazo forzado “está calificado como tortura” e instó a las autoridades a “intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura (…) El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”.
En ese sentido, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también calificó lo ocurrido como “delincuencial” y enfatizó que se está “torturando a una niña”. Cabe recordar que en Bolivia el aborto está permitido en casos de violación, estupro, producto de una relación incestuosa o cuando la vida de la gestante se encuentre en riesgo.
Para aplicar el aborto en casos de violación, además, solo se requiere una denuncia y el consentimiento de la gestante o de sus tutores en caso de menores de edad. Desde el 2014 hasta la fecha, se han practicado 508 abortos legales, de los cuales el 48% fueron aplicados a víctimas de 18 años. Por otro lado, según datos de la Casa de la Mujer, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que resulta un promedio de 104 niñas embarazadas por día en Bolivia, y de las cuales 6 son menores de 13 años.
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