En El Salvador, la Iglesia Católica y diversas organizaciones conservadoras que se oponen a la igualdad de género y los derechos sexuales reproductivos se entrometen en el debate sobre la reforma constitucional que busca despenalizar el aborto en tres causales.
En México, un país con 508 feminicidios registrados en el primer semestre del 2021 y con más de 750 mil abortos clandestinos, la Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en el Estado de Coahuila y deja un precedente para las cortes de todo el territorio.
“Más de 3 mil niñas menores de 14 están siendo madres y esto es producto de violación”, dijo Bernarda Ordoñez de la secretaria de Derechos humanos.
Dilataciones. La Corte Constitucional debía emitir su fallo este 9 de setiembre sobre la demanda de despenalizar por completo el aborto, sin embargo, por asuntos formales, esa decisión se ha tenido que aplazar por un tiempo.
Archivos de WikiLeaks muestran a activistas ultraconservadores copiando tácticas de Greenpeace y Oxfam y atribuyéndose falsamente apoyo desde la izquierda para sus planes.
Una reciente filtración de WikiLeaks, a través de 17 mil documentos, han revelado las actividades del grupo ultracatólico Hazte Oír. Entre lo más destacable los donantes que financiaron su nacimiento y crecimiento de esta plataforma antiderechos que ayudaron a posicionar a Vox.
En medio de una coyuntura política compleja, el partido ultraconservador Renovación Popular, que se ha opuesto en muchas ocasiones al enfoque de género en la currícula escolar, logró presidir la Comisión de Educación en el Congreso.
La Mala Fe conversó con Ximena Casas, investigadora de Humans Rights Watch, sobre la realidad de las mujeres y niñas de Ecuador que intentan acceder a la interrupción legal del embarazo y terminan enjuiciadas y en prisión.
Tras la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en los Estados de Hidalgo y Veracruz, en México, grupos antiderechos y religiosos se presentan como el principal obstáculo para evitar que se logré lo mismo en otros Estados del país.
En medio de una Asamblea Constituyente que escribe una nueva Constitución sobre la Carta Magna impuesta a la fuerza por el exdictador Augusto Pinochet, la directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (APROFA), Débora Solis Martínez, conversa con La Mala Fe sobre los derechos pendientes y las acciones de los grupos antiderechos frente al proceso constitucional.
