“Más de 3 mil niñas menores de 14 están siendo madres y esto es producto de violación”, dijo Bernarda Ordoñez de la secretaria de Derechos humanos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En el marco de la creación de la nueva ley que permite la interrupción legal voluntaria del embarazo en caso de violación, la secretaría de Derechos Humanos de Ecuador presentó una impactante cifra de embarazo de menores.
“Más de 3 mil niñas menores de 14 están siendo madres y esto es producto de violación”, dijo Bernarda Ordoñez de la secretaría de Derechos humanos.
Además, alertó que desde la década de los 90 los organismos internacionales evidenciaban la falta de políticas públicas por lo que Ordoñez considera una “segunda deuda histórica no tener datos para trabajar”.
“La escasa o negligente data en materia de sentencias, cumplimientos de las mismas y reincidencia, impiden reconocer la tasa de impunidad de estos delitos”, lamenta Ordoñez de la secretaria de Derechos Humanos del Ecuador.
Zaida Rovira, defensora del Pueblo, asegura que se debe dejar de revictimizar a las mujeres que denuncian agresiones.
En abril, la Corte Constitucional del Ecuador señaló como inconstitucional criminalizar y sancionar con cárcel a las mujeres que se interrumpan un embarazo producto de una violación.
En junio, la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto que garantiza el acceso a las mujeres y las personas con capacidad de gestar, a la interrupción legal voluntaria del embarazo por causal de violación.
En agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley orgánica para garantizar el derecho al aborto por violación presentado por la Defensoría del Pueblo. Con esto se inicia el trámite de la norma dispuesta por la Corte Constitucional.
La Comisión de Justicia es ahora la encargada de analizar y elaborar el informe que será debatido por los asambleístas durante los próximos 6 meses.
En abril, la Corte Constitucional del Ecuador señaló como inconstitucional criminalizar y sancionar con cárcel a las mujeres que se interrumpan un embarazo producto de una violación.
En junio, la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto que garantiza el acceso a las mujeres y las personas con capacidad de gestar, a la interrupción legal voluntaria del embarazo por causal de violación.
En agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el proyecto de Ley orgánica para garantizar el derecho al aborto por violación presentado por la Defensoría del Pueblo. Con esto se inicia el trámite de la norma dispuesta por la Corte Constitucional.
La Comisión de Justicia es ahora la encargada de analizar y elaborar el informe que será debatido por los asambleístas durante los próximos 6 meses.
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