El 2023 fue un año devastador para la población LGTBIQ+, reporta la organización Human Rights Campaign. De acuerdo a su informe, a lo largo del año pasado se presentaron 571 proyectos legislativos contra las personas LGTBIQ+ en Estados Unidos. De estos, 77 se convirtieron en ley. Estas iniciativas estarían siendo financiadas por grupos cristianos antiderechos, con apoyo de legisladores republicanos.
Nayib Bukele autoproclamó su reelección como presidente de El Salvador luego de un cuestionado proceso donde se acusó a su gobierno de presionar para que fuera habilitado como candidato. Su régimen ha marcado un retroceso en la educación sexual, con un discurso religioso que promueve la criminalización del aborto y el hostigamiento a las mujeres.
La ley aprobada por el Congreso de la República peruano ratifica la creación de una Comisión de Alto Nivel para plantear propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta norma —pendiente de promulgación por el Ejecutivo— señala que la Organización de Estados Americanos (OEA) deberá implementar las reformas en un plazo de 180 días. Especialistas califican la propuesta como absurda y una intromisión de funciones por parte del Congreso.
Durante el 2023, se lograron importantes victorias legales para avanzar en el acceso al aborto. La Suprema Corte de México determinó que las restricciones al aborto en el código penal del país eran inconstitucionales. Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que el aborto es un derecho fundamental. Por otro lado, en Perú se evidenció que persisten las brechas para acceder al aborto terapéutico. Además, el lobby de organizaciones antiderechos logró impactar en la última asamblea de la OEA y realizar un evento en la ONU.
El 7 de diciembre, una jueza autorizó a Kate Cox a interrumpir su embarazo debido al riesgo que suponía para su vida y su salud. Ken Paxton, fiscal republicano de Texas, declaró que entablaría demandas contra cualquier médico o profesional que realice el aborto a Cox y envió cartas con amenazas a distintos hospitales. Días después, la Corte Suprema del estado falló contra la paciente, prohibiéndole abortar.
Una coalición de grupos de defensa de derechos reproductivos lanzó una campaña para conseguir 172,000 firmas y presentar a votación la propuesta de establecer en la Constitución del estado de Missouri el derecho a tomar decisiones en materia de salud reproductiva, incluyendo el aborto. Tendrán plazo hasta inicios de mayo para conseguir las firmas; luego, el gobernador republicano Mike Parson decidirá cuándo se pondría a votación.
La Corte Constitucional de Colombia resaltó que la sentencia que despenalizó el aborto en 2022 abarca la garantía al acceso seguro y sin barreras a este procedimiento. Así, los jueces anularon dos sentencias del 2022 y 2023 que negaron el aborto a una niña y a una mujer indígenas.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará argumentos en torno a la ley que prohíbe todos los abortos en Idaho. Sin embargo, dejó que dicha ley siga en marcha por el momento, pese a que, en primera instancia, un juez la había bloqueado para garantizar que los hospitales pudieran realizar el procedimiento en emergencias médicas.
La mifepristona es uno de los medicamentos abortivos más utilizados en Estados Unidos y cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hace más de dos décadas. En abril, un tribunal de Texas revocó dicha aprobación. Luego, una corte federal anuló en parte esa decisión. Ahora, la decisión está en manos de la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
El 10 de diciembre se cumplió el plazo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU dio al Estado peruano para informar sobre sus acciones para cumplir con las medidas de reparación y no repetición en el caso Camila. En junio, este organismo encontró a Perú responsable por violar los derechos de Camila, una niña indígena de 13 años víctima de abuso sexual. El Estado no solo le negó el aborto terapéutico, también le abrió una investigación penal.
