¿Considera que también habría una conexión entre esta iniciativa y los grupos violentistas que constantemente acosan a organizaciones de derechos humanos?
Efectivamente, yo creo que aquí se mezclan grupos de intereses. Incluso, de repente, el empresariado que pretende seguir talando la selva, envenenando las aguas del río para conseguir más oro… todas estas economías a las que —desde mi punto de vista— el Congreso representa, lo que quieren es seguir dejando a los pueblos sin protección. Entonces no solamente van a copar el Poder Judicial, la Fiscalía y el sistema de elección de jueces, sino también desproteger a la población de cualquier posibilidad de llegar a un sistema internacional para reclamar derechos.
Algunas de las observaciones que se presentaron sobre esta iniciativa es la intromisión de funciones del Congreso y la violación al principio de separación de poderes, pues desde el Legislativo estarían ordenando al Ejecutivo que forme una comisión para plantear reformas al SIDH. ¿Qué otros problemas presenta la iniciativa?
Cualquier funcionario público tiene la obligación de aplicar un control constitucional y un control convencional. Ellos pretenden una norma anticonvencional. Si se arrogan el derecho de plantear modificaciones que no les corresponde, por ignorancia o por mala fe, lo que tratan de hacer es crear un falso pretexto para salirse del Sistema Interamericano. Y hay diversos instrumentos internacionales, no solamente la Convención Americana, sino también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Viena, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Perú? ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? ¿denunciar cada uno de sus tratados? Ese tipo de acciones son ilegales, ellos no pueden pretender modificar un Sistema Interamericano.
En un escenario en que esta ley se apruebe, teniendo en cuenta que el Estado peruano actualmente enfrenta cuestionamientos en el ámbito internacional por la muerte de ciudadanos en protestas y el indulto al expresidente Alberto Fujimori, ¿tendría legitimidad para plantear reformas en el SIDH?
Aunque el gobierno peruano planteara reformas, no se le podría dar a la OEA 180 días para que los apruebe. Aunque el Ejecutivo hiciera suya esa propuesta de modificación y la planteara ante la OEA, ellos —el sistema diplomático, los embajadores— saben perfectamente que no daría resultado porque no creo que en una Asamblea de la OEA tengan mayor eco. Sobre todo viniendo de un país que es renuente a adoptar las medidas que se le ordenan en el Sistema Interamericano. Es un país incumplidor de tratados. No creo que este tipo de posición de parte del Ejecutivo de adoptar la propuesta del Congreso tenga algún respaldo.
