Especialistas consultados por el Diario La República apuntaron que el Congreso no puede imponer reformas a la OEA. Para Jo-Marie Burt, asesora principal en Washington Office on Latin America (WOLA) y docente de ciencia política en la Universidad de George Mason, la iniciativa “representa la voluntad de sectores del Congreso para salirse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no les conviene tener una entidad que podría pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos”. En su opinión, es grave y absurdo a la vez que se pretenda escapar al compromiso de respeto a los derechos humanos, dando además un plazo irreal de 180 días a la OEA.
La constitucionalista María Antonieta Gonzales consideró también que cualquier reforma de la Convención debe ser desarrollada en la OEA. “El mensaje que se resalta, es que esta comisión lo que busca es el retiro de la Corte IDH. Y eso sería un serio problema para el Perú a nivel internacional y de derechos humanos. Más aún cuando quienes decidirían cuáles serían estas propuestas de reforma que irían a la OEA, tienen serios problemas de legitimidad ante la ciudadanía», explicó.
Efectivamente, el Estado peruano no cuenta con legitimidad para exigir reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, teniendo en cuenta la impunidad luego de las muertes en las protestas de 2022 y 2023, así como las acciones antidemocráticas del Congreso y el reciente indulto al exdictador Alberto Fujimori.
