Nayib Bukele autoproclamó su reelección como presidente de El Salvador luego de un cuestionado proceso donde se acusó a su gobierno de presionar para que fuera habilitado como candidato. Su régimen ha marcado un retroceso en la educación sexual, con un discurso religioso que promueve la criminalización del aborto y el hostigamiento a las mujeres.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Con 85% de los votos a su favor, Nayib Bukele se proclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador. En su discurso de victoria, el político dijo que Dios quiso su reelección para sanar al país y que los ciudadanos decidieron por él para continuar el camino «en plena libertad y en plena democracia».
Desde 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción que ha resultado en una crisis de derechos humanos. En una nota de prensa, Amnistía Internacional expresó preocupación de que esa tendencia empeore en un segundo mandato.
“La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El gobierno de Bukele decretó un régimen de excepción, vigente aún, como parte de una «guerra contra las pandillas». El efecto ha sido una crisis de derechos humanos marcada por miles de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, tortura y muertes bajo tutela del Estado.
Foto: Amnistía Internacional
Es importante recordar, además, que la reelección de Nayib Bukele ocurre en un proceso cuestionado. Fue la primera vez desde la vigencia de la Constitución Nacional de 1983, que un presidente en funciones participó en la contienda por un segundo mandato inmediato. Antes, debían pasar 10 años para que un presidente vuelva a postular. Sin embargo, Bukele fue habilitado como candidato luego que su gobierno destituyera a jueces constitucionales de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y designara unos nuevos, quienes lo autorizaron a ser candidato.
Ahora, es importante hacer un repaso de lo que ha significado el regimen de Bukele para los derechos humanos, y específicamente para los derechos sexuales y reproductivos, desde su ascenso a la presidencia en 2019.
En 2018, cuando Nayib Bukele era candidato a la presidencia, participó en un conversatorio donde declaró que «en el tema del aborto, únicamente estamos de acuerdo cuando esté en riesgo la vida de la madre» y que las mujeres de mayores recursos no son cuestionadas cuando tienen abortos espontáneos. Fue abucheado, según reseña El País. Pocos meses después, su discurso cambió de forma radical: pasó a llamar al aborto un «genocidio».
«Ha sido evidente cómo, independientemente de los gobiernos en turno, la despenalización del aborto es un tema que los partidos políticos creen que puede traer un costo electoral; creen que al identificarse con algunas demandas feministas pierden votos o temen perder imagen», explica en una entrevista Vilma Vaquerano, vocera de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).
Así, no existe ninguna posibilidad de discutir la legalización del aborto en El Salvador. Este país castiga la interrupción del embarazo con hasta 50 años de cárcel, lo que afecta principalmente a mujeres pobres que son sometidas a tortura y acoso judicial, incluso por tener abortos espontáneos
En 2008, Teodora del Carmen Vásquez fue sentenciada a 30 años de prisión por un aborto natural. En los últimos años han habido campañas para liberar a mujeres criminalizadas por abortar, pero aún hay muchas que permanecen encarceladas.
Foto: Marvin Recinos / El País
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado salvadoreño responsable por violar los derechos de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de cárcel después de una emergencia obstétrica. Otras 73 mujeres estaban en la misma situación. De acuerdo a El País, Manuela murió de cáncer en 2011, antes que se estableciera su inocencia en una instancia internacional. Sin embargo, su caso sirvió para que, en diciembre de 2023, el Estado liberara a Lilian, otra de las mujeres condenadas por un aborto espontáneo.
Se trataba de mujeres pobres que vivían en condiciones precarias y enfrentaban partos sin atención médica, fuera de un hospital. En lugar de recibir ayuda, fueron denunciadas y maltratadas, acusadas de haber causado la muerte de sus hijos. Gracias a campañas como «Las 17 y más» se logró impacto internacional para presionar a El Salvador a liberar a las mujeres encarceladas desde 2014. Aunque organismos de derechos humanos han resaltado la necesidad de corregir la legislación del país para evitar la criminalización, esto no parece probable en el gobierno de Nayib Bukele. A la par, se criminaliza a profesionales de salud que defienden a las mujeres en El Salvador.
Vilma Vaquerano, de ORMUSA, explica que desde octubre de 2022, se empezó a omitir o sacar de los programas educativos todo lo relativo a educación sexual integral.
«Hubo la difusión de unos programas educativos dentro de la televisión pública y se comenzaron a generar protestas de grupos antiderechos de que se estaba incluyendo la ideología de género, voy a usar ese término, dentro de los programas educativos. Fue el detonante», comenta.
Según alertó Human Rights Watch ese año, el Ministerio de Educación de El Salvador despidió al director del Instituto Nacional de Formación Docente, por haber aprobado un segmento del programa televisivo «Aprendamos en casa» que explicaba el concepto de orientación sexual.
El organismo resaltó que el gobierno de Bukele buscaba ocultar una realidad, pese a que, en 2014, el presidente se autoproclamó un «héteroaliado» y destacó la relevancia de la lucha por los derechos LGTBIQ+. Pero, así como el aborto, la postura de Bukele cambió para alinearse con la de los movimientos antiderechos.
«Bukele y su equipo representan un sector ultraderechista donde la mujer no tiene apenas derechos […] es muy cercano a sectores religiosos católicos», señala Celia Medrano, ex coordinadora general de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Centroamérica.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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