El 6 de mayo, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde pide garantías del sistema de salud para la interrupción voluntaria del embarazo. El pronunciamiento atiende al caso de una mujer que fue víctima de maltratos al acudir a un servicio de salud para abortar. Días antes del fallo, grupos antiderechos organizaron la Marcha Nacional por la Vida pidiendo eliminar la despenalización del aborto.