La Corte Constitucional de Colombia resaltó que la sentencia que despenalizó el aborto en 2022 abarca la garantía al acceso seguro y sin barreras a este procedimiento. Así, los jueces anularon dos sentencias del 2022 y 2023 que negaron el aborto a una niña y a una mujer indígenas.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
La Corte Constitucional de Colombia confirmó que las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 son contrarias al fallo del 2022 que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Los jueces determinaron que estos fallos vulneraron de forma irremediable los derechos de una menor de 14 años y una mujer, pertenecientes a comunidades indígenas. A ambas se les negó el acceso al aborto.
Se trata de una importante decisión, pues «tenían el potencial de convertirse en barreras adicionales para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres colombianas”, señaló la abogada Valeria Pedraza, de Women’s Link Worlwide y vocera del movimiento Causa Justa, según el reporte de Efeminista.
La reciente resolución de la Corte Constitucional de Colombia reafirma que la decisión de interrumpir el embarazo antes de la semana 24 es un derecho intransferible de las mujeres, protegido por su autonomía y libertad de decisión.
“La negativa inicial a autorizar el acceso integral al aborto a ambas accionantes, a pesar de que lo solicitaron dentro del marco legal establecido, resultó en una afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales”, afirmó el movimiento Causa Justa.
La Corte Constitucional de Colombia señaló que las salas que emitieron los fallos de tutela T-430 de 2022 y T-158 de 2023 interpretaron incorrectamente la sentencia de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo. Resulta relevante que el ser indígenas resultó en mayores barreras de acceso para la interrupción del embarazo.
Foto: Vanguardia
De acuerdo al colectivo Causa Justa, el fallo de tutela T-430 denegó la solicitud de aborto de Iris, una menor de 14 años, el 30 de noviembre de 2022. Ella había sido evaluada por profesionales de ginecología, psicología y trabajo social, quienes respaldaron la decisión de interrumpir el embarazo. Sin embargo, la Entidad Promotora de Salud (EPS) de la Asociación Indígena del Cauca se opuso a la solicitud luego de consultar con las autoridades de la comunidad a la que pertenece Iris. A pesar de que la madre de la menor presentó una tutela contra la EPS y las autoridades, le negaron la autorización para abortar.
En el caso del fallo de tutela T-158, emitido en mayo de 2023, se negó la solicitud de abortar de una mujer indígena por no contar con permiso del Cabildo Indígena. Hay que precisar, sin embargo, que la decisión que le negó la tutela, posteriormente se revocó. Lamentablemente, la demora impidió que la mujer pudiera acceder a tiempo a la interrupción del embarazo.
Como resaltó Valeria Pedraza, estos fallos dejaron en una situación de desprotección especial a las mujeres y a las niñas indígenas al no tomar en cuenta las barreras particulares que enfrentan. «Esperamos que las nuevas decisiones que emita la Corte Constitucional se refieran específicamente a las barreras que enfrentan las mujeres indígenas. Y también que ratifique y afirme que la IVE [interrupción voluntaria del embarazo] es un servicio de salud que se debe prestar en Colombia en todos los niveles de salud y específicamente en el sistema público», señaló.
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