Mientras la Corte Constitucional de Colombia debatía sobre la despenalización del aborto, los grupos antiderechos actuaron desde diferentes flancos: en el Congreso, el Ejecutivo y asociaciones antiderechos.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Después de casi dos años de debate, el pasado lunes 21 de febrero la Corte Constitucional de Colombia resolvió finalmente sobre una de las demandas que pedía declarar inconstitucional la penalización del aborto y emitió un fallo que legaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Las mujeres de Colombia, en adelante, ya no serán criminalizadas por decidir sobre su maternidad.
Tuvieron que pasar alrededor de 500 días para que la Corte Constitucional de Colombia resuelva sobre la demanda presentada por la organización feminista Causa Justa por el Aborto: el fallo despenaliza el aborto hasta la semana 24 de embarazo.
El reciente fallo, dice un pronunciamiento de la organización, “supone un avance en el reconocimiento de la libertad y autonomía reproductiva y sitúa a Colombia como el país con el modelo de plazos más amplio de todo el continente” y permite la interrupción del embarazo hasta la semana 24 “sin enfrentar la amenaza de una persecución penal”.
Pleno de la Corte Constitucional de Colombia.
-Foto: Seguimiento.co.
Los magistrados de la Corte Constitucional que votaron a favor del derecho de las mujeres a una maternidad deseada fueron Antonio Lizarazo Ocampo, Alberto Rojas Ríos, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Ossa Santamaría. Con cinco votos a favor, contra cuatro en contra, se logró la despenalización del aborto.
“Esto pone a Colombia a la vanguardia de toda América Latina”, dijo Mariana Ardila, abogada colombiana de Women’s Link Worldwide, una organización que defiende el derecho al aborto. Así, en la región no muchos países han avanzado tanto como Colombia: mientras que en Argentina en 2020 se aprobó la despenalización del aborto, en México la Suprema Corte de Justicia lo legalizó en el estado de Coahuila y sentó un precedente para todas las cortes del país.
Mientras la Corte Constitucional de Colombia debatía sobre la despenalización del aborto, los grupos antiderechos actuaron desde diferentes flancos. En el Congreso, por ejemplo, diez legisladores conservadores enviaron una carta a la Corte para manifestarse en contra de este derecho sexual y reproductivo. El oficio fue impulsado por la senadora Esperanza Andrade Serrano, del partido Conservador Colombiano.
Congresistas de izquierda a derecha: Milla Soto, María del Rosario Guerra, Paola Holguín, (Centro Democrático), Esperanza Andrade, (Partido Conservador), Jhon Milton Rodríguez (Colombia Justa y Libres) y Juan Espinal (Centro Democrático), de la bancada “provida”.
En el Parlamento colombiano, cabe recordar, existe un bloque de antiderechos conformado por lo menos por 23 legisladores de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia justa Libres, Cambio Radical y Decentes. Anteriormente, este bloque también promovió una iniciativa legislativa que buscó garantizar “la existencia de la persona humana desde la concepción”, pero finalmente fue archivado.
Desde el Gobierno, también hubo una oposición a la despenalización del aborto. La Procuradora General de Colombia, Margarita Cabello Blanco, también envió una carta a la Corte Constitucional n en donde señala: “La Procuraduría reitera su solicitud (…) de que profiera un fallo histórico inhibitorio frente a la demanda de la referencia, en tanto que le corresponde al Congreso de la República, en el marco de su autonomía, regular el aborto y el alcance de la prerrogativa a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Captura por la opinión enviada por la procuradora de la Nación, Margarita Cabello.
Desde la sociedad civil, a su vez, se enviaron más de 1600 correos electrónicos exactamente iguales solo del 2 y 3 de octubre de 2021 que solicitan que la despenalización del aborto se discuta en el Congreso y no en la Corte Constitucional. Los mensajes masivos fueron promovidos por la organización antiderechos “Unidos por la Vida”.
El debate en la Corte Constitucional, además, se vio retrasada por una serie de solicitudes de recusación o de impedimento contra los magistrados, así como los recursos de nulidad contra las demandas que buscaron despenalizar el aborto. Varios de los recursos de nulidad que dilataron el proceso fueron presentados por la abogada Natalia Bernal y el ciudadano Harold Sua Montaña, quienes fueron investigados y sancionados respectivamente por sus acciones contra los jueces.
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