En medio de la campaña de desinformación sobre el caso Beatriz vs. El Salvador, se hizo evidente la articulación entre la ONG antiderechos Global Center for Human Rights y la Asociación La Familia Importa (AFI) de Guatemala. Ambas organizaciones han colaborado en otras iniciativas como parte de su agenda contra el aborto.
Dos demandas presentadas por grupos antiderechos para evitar la aplicación del aborto terapéutico han sido desestimadas en Perú. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos siguen bajo ataque. Actualmente, el Tribunal Constitucional evalúa la continuidad de la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.
Luego de la aprobación de una nueva ley del aborto en España, la organización Hazte Oír envió a diputados españoles un feto de plástico en una bolsa con un líquido que asemeja a la sangre. Las estrategias de intimidación son una constante en el lobby antiderechos en Europa y Latinoamérica.
La pareja de abogados Neydy Casillas y Sebastián Schuff dirige el Global Center for Human Rights, una organización contra el avance de los derechos sexuales y reproductivos. Planean acciones frente a la próxima audiencia del caso de Beatriz vs. El Salvador ante la Corte IDH.
En medio de las protestas en Guatemala por la anulación de la inscripción de la única candidatura indígena a la presidencia, la alerta crece por la postulación de antiderechos a diferentes instancias del gobierno en las elecciones 2023.
La Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, sumadas a grupos de padres de familia, protestan contra la nueva currícula escolar en Bolivia, que incluye la Educación Integral en Sexualidad. La Conferencia Episcopal Boliviana señaló que se trata de «adoctrinamiento» y anunció que presentarán su propia propuesta de currícula.
El Programa de Reinserción e Inclusión Social de la iglesia evangélica Movimiento Misionero Mundial realizó una actividad con miembros de la Policía Nacional, en medio de la violenta represión policial que ha causado más de 50 muertes durante las protestas contra el régimen de Dina Boluarte.
El gobierno provincial de Santa Fe denunció penalmente a la ONG Grávida por captar a una niña de 12 años que iba a interrumpir su embarazo. No es la primera vez que esta organización, vinculada a la Conferencia Episcopal Argentina, interviene para obstaculizar el aborto de víctimas de violación.
La educación está situada en un contexto nacional de múltiples crisis. La pandemia como hecho social global se superpuso a la crisis de representación política, la caída del crecimiento, la crisis ambiental.
Desde difundir datos personales hasta ejercer hostigamiento. Estas son algunas de las malas prácticas ejercidas por los grupos antiderechos contra menores de edad víctimas de violación que buscaron interrumpir voluntariamente sus embarazos dentro del marco de la ley.
