Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.
Fausia, defensora indígena del pueblo Nahua, lucha desde 2015 por justicia luego que el Estado de Honduras le negara la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y un aborto pese a afrontar un embarazo producto de violación. Honduras es uno de los 10 países en el mundo con las penas más severas contra el aborto. En 2021, el Congreso Nacional, de mayoría conservadora, blindó la prohibición absoluta en la Constitución. Y aunque en 2023 se autorizó el uso de la PAE, hay trabas para el acceso y desinformación de grupos antiderechos.
El documento «Dignitas infinita», publicado recientemente por la Iglesia Católica, considera como «atentados contra la dignidad humana» al aborto, la eutanasia y las cirugías de afirmación de género. En rueda de prensa, se confirmó que la doctrina católica es la misma de siempre, pese a mensajes del papa Francisco que apuntaban a mayor inclusión.
Florida podría convertirse en uno de los estados más restrictivos luego de un fallo de su Corte Suprema que activa la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo. Sin embargo, este tribunal también emitió un fallo que permitirá a la ciudadanía votar si quieren asegurar protecciones al aborto en la Constitución de Florida.
Durante la audiencia en torno al acceso a la mifepristona, incluso los jueces conservadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos se mostraron escépticos a la demanda de las organizaciones antiaborto. La mifepristona es uno de los medicamentos más usados para abortar en el país y cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hace más de 20 años.
Ocho organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos formaron un movimiento para avanzar hacia la despenalización del aborto en Ecuador. Aunque en 2021 se aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo en casos de violación y riesgo de la vida de la madre, el lobby antiderechos ha seguido poniendo trabas para el acceso a este derecho. Se estima que cada hora, siete mujeres ecuatorianas se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones inseguras.
El Parlamento peruano impulsa una ley para crear una Comisión de Alto Nivel que plantee reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Para conocer más sobre el impacto de esta iniciativa, La Mala Fe conversó con la abogada Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien representa a los familiares de las víctimas de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en Perú.
A ocho meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, especialistas consideran que el aborto será un tema crucial de la campaña. En un reciente discurso, el actual presidente Joe Biden se manifestó a favor de la libertad reproductiva y prometió restablecer los derechos constitucionales de la sentencia Roe vs. Wade, en clara oposición a su antecesor, Donald Trump.
En 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24, un logro impulsado por la demanda que presentó el colectivo Causa Justa. De acuerdo a cifras de la Fundación Oriéntame, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Profamilia, en estos dos años se ha incrementado el número de abortos seguros y de mujeres que buscan asesoría legal respecto al procedimiento. Sin embargo, especialistas alertan que la población más pobre sigue encontrando obstáculos y maltrato en servicios de salud. Además, persiste la oposición de actores políticos al derecho a decidir.
El 2023 fue un año devastador para la población LGTBIQ+, reporta la organización Human Rights Campaign. De acuerdo a su informe, a lo largo del año pasado se presentaron 571 proyectos legislativos contra las personas LGTBIQ+ en Estados Unidos. De estos, 77 se convirtieron en ley. Estas iniciativas estarían siendo financiadas por grupos cristianos antiderechos, con apoyo de legisladores republicanos.
