El gobierno chileno anunció que en diciembre presentará un proyecto para ampliar la ley que despenaliza el aborto en tres causales. Recientemente, se presentó un reglamento para evitar trabas al aborto legal por objetores de conciencia en establecimientos de salud. Obispos de Chile se han manifestado en contra, alegando discriminación religiosa.
La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que —por el momento— los hospitales en Idaho pueden realizar abortos de emergencia, pese a las restricciones que plantea la ley del estado. Este mes, la Suprema Corte también declaró infundada la demanda de médicos antiderechos contra la distribución de mifepristona, una de las píldoras abortivas más usadas. Sin embargo, en ambos casos, las puertas han quedado abiertas para más acciones de grupos conservadores.
Alrededor de 90 organizaciones defensoras de derechos humanos en Latinoamérica han expresado su rechazo a los intentos en Brasil de criminalizar el aborto después de las 22 de embarazo. Se trata de un proyecto de ley impulsado por el bloque evangélico conservador de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, afectaría el acceso de niñas y mujeres víctimas de violación al aborto legal, sancionándolas con penas más fuertes que las que reciben sus agresores.
El Congreso peruano podría dar luz verde a un dictamen que otorga al gobierno poderes amplios para controlar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento de la cooperación internacional. La iniciativa contempla sanciones y multas para las ONG que realicen “activismo político” o que atenten contra “las buenas costumbres”. Especialistas denuncian que se trata de un intento de censura.
Durante la presentación de su libro, el presidente Javier Milei reiteró su posición contra los derechos sexuales y reproductivos llamando al aborto «agenda asesina». Días antes, fue expositor invitado en la cumbre de VOX, partido de ultraderecha español que ejerce influencia a través de su relación con grupos antiderechos en Latinoamérica.
Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.
Fausia, defensora indígena del pueblo Nahua, lucha desde 2015 por justicia luego que el Estado de Honduras le negara la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y un aborto pese a afrontar un embarazo producto de violación. Honduras es uno de los 10 países en el mundo con las penas más severas contra el aborto. En 2021, el Congreso Nacional, de mayoría conservadora, blindó la prohibición absoluta en la Constitución. Y aunque en 2023 se autorizó el uso de la PAE, hay trabas para el acceso y desinformación de grupos antiderechos.
El documento «Dignitas infinita», publicado recientemente por la Iglesia Católica, considera como «atentados contra la dignidad humana» al aborto, la eutanasia y las cirugías de afirmación de género. En rueda de prensa, se confirmó que la doctrina católica es la misma de siempre, pese a mensajes del papa Francisco que apuntaban a mayor inclusión.
Florida podría convertirse en uno de los estados más restrictivos luego de un fallo de su Corte Suprema que activa la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo. Sin embargo, este tribunal también emitió un fallo que permitirá a la ciudadanía votar si quieren asegurar protecciones al aborto en la Constitución de Florida.
