Las mujeres enfrentan una crisis de ‘violencia obstétrica’ agravada por la COVID-19, a pesar de las leyes contra el maltrato y la ‘medicalización excesiva’. Artículo de Diana Cariboni, Daniela Rea y Lydiette Carrión para openDemocracy.
Alrededor del mundo gran cantidad del países se resisten a los avances logrados sobre enfoque de género y políticas de igualdad y Salud Sexual y Reproductiva; por ello, desinforman y mienten a la ciudadanía sobre temas vinculados, con la finalidad de generar temor y frenar que las personas de ejercer sus derechos.
Ofrecen servicios de aborto seguro, pero su objetivo es otro: persuadir a las mujeres para que sigan adelante con embarazos no deseados. Estos Centros de Embarazos en Crisis (CPC, por sus siglas en inglés) forman parte de redes globales de dos grupos estadounidenses y operan también en Ecuador.
Cómo opera en América Latina una red global de desinformación sobre salud reproductiva, explotando zonas grises creadas por la clandestinidad del aborto.
Organizaciones con financiamiento internacional se presentan como proveedores de servicios de aborto pero, en verdad, captan a mujeres para convencerlas de no abortar. ¿Cómo? Con ofertas de abogados, pañales y cochecitos gratis e información falsa para causar pánico. La comunicadora científica argentina Agostina Mileo fue una de ellas y cuenta, en primera persona, su experiencia como agente encubierta.
Legisladoras de México, Ecuador y Argentina reclaman acciones ante la desinformación “totalmente escandalosa” revelada por openDemocracy.
Legisladores exigen acción, después de que openDemocracy revelara la difusión global de actividades falsas y «manipuladoras», lo que representa «riesgos graves» para las mujeres y la democracia. Artículo traducido en exclusiva por Clacai.
El proyecto de ley de Ohio que ordena a los médicos que «reimplanten» un embarazo ectópico es parte de una tendencia preocupante de que los legisladores inventen terapias no comprobadas relacionadas con la salud reproductiva, dicen Daniel Grossman y Yanett Anaya.
Movimientos de la derecha cristiana que dicen representar a votantes de Trump hacen lobby para un ‘cambio de liderazgo’ en el organismo regional.
En Perú, los asistentes sociales, médicos, policías y fiscales integran la cadena de persecución del Estado contra mujeres adultas y adolescentes que interrumpen su embarazo. En la última década 571 mujeres de todo el país fueron llevadas a juicio por este hecho, sancionado con una pena de hasta cinco años de prisión.
