Histórico. Por primera vez, dos mujeres y dos profesionales de salud de Dominica y de Antigua y Barbuda han interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra leyes antiaborto que se han mantenido vigentes desde la época colonial en el Caribe.
Durante la presentación de su libro, el presidente Javier Milei reiteró su posición contra los derechos sexuales y reproductivos llamando al aborto «agenda asesina». Días antes, fue expositor invitado en la cumbre de VOX, partido de ultraderecha español que ejerce influencia a través de su relación con grupos antiderechos en Latinoamérica.
El Estado peruano publicó un decreto que considera el transexualismo como enfermedad mental. Profesionales de salud alertan que la norma se basa en una clasificación internacional obsoleta y abre las puertas a las mal llamadas «terapias de conversión», promovidas por grupos antiderechos contra la población LGTBIQ+.
El 6 de mayo, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde pide garantías del sistema de salud para la interrupción voluntaria del embarazo. El pronunciamiento atiende al caso de una mujer que fue víctima de maltratos al acudir a un servicio de salud para abortar. Días antes del fallo, grupos antiderechos organizaron la Marcha Nacional por la Vida pidiendo eliminar la despenalización del aborto.
Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.
El próximo 5 de mayo, la población panameña elegirá nuevo presidente. Aunque en este país la ley permite el aborto en dos causales (violación o riesgo de vida), en la práctica la penalización se mantiene y existen altas tasas de embarazo adolescente y mortalidad materna. Sin embargo, la mayoría de candidatos presidenciales se oponen al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos.
Fausia, defensora indígena del pueblo Nahua, lucha desde 2015 por justicia luego que el Estado de Honduras le negara la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) y un aborto pese a afrontar un embarazo producto de violación. Honduras es uno de los 10 países en el mundo con las penas más severas contra el aborto. En 2021, el Congreso Nacional, de mayoría conservadora, blindó la prohibición absoluta en la Constitución. Y aunque en 2023 se autorizó el uso de la PAE, hay trabas para el acceso y desinformación de grupos antiderechos.
El documento «Dignitas infinita», publicado recientemente por la Iglesia Católica, considera como «atentados contra la dignidad humana» al aborto, la eutanasia y las cirugías de afirmación de género. En rueda de prensa, se confirmó que la doctrina católica es la misma de siempre, pese a mensajes del papa Francisco que apuntaban a mayor inclusión.
Florida podría convertirse en uno de los estados más restrictivos luego de un fallo de su Corte Suprema que activa la prohibición del aborto a partir de las seis semanas de embarazo. Sin embargo, este tribunal también emitió un fallo que permitirá a la ciudadanía votar si quieren asegurar protecciones al aborto en la Constitución de Florida.
Durante la audiencia en torno al acceso a la mifepristona, incluso los jueces conservadores de la Corte Suprema de los Estados Unidos se mostraron escépticos a la demanda de las organizaciones antiaborto. La mifepristona es uno de los medicamentos más usados para abortar en el país y cuenta con aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) hace más de 20 años.
