El ultraderechista Javier Milei asumirá la presidencia de Argentina el 10 de diciembre, luego de ganar las elecciones con 56% de los votos. Propone prohibir el aborto y eliminar la obligatoriedad de la educación sexual integral. Aunque luego lo negó, durante la campaña electoral se expresó a favor de la venta de órganos, la venta de niños y la libre portación de armas.
El Pleno del Consejo Constitucional de Chile, con mayoría dominante de la derecha, aprobó una propuesta de Constitución que plantea la protección de «la vida de quien está por nacer». Este punto podría poner en riesgo la actual ley de aborto en tres causales. El proyecto, que también contiene artículos a favor de la expulsión de extranjeros y contra la ampliación de derechos laborales, se votará en un plebiscito el 17 de diciembre.
El 18 de agosto se instaló el nuevo Congreso de los Diputados en España, con el partido de ultraderecha VOX con 19 escaños menos que en 2019. Para entender más sobre los resultados de las recientes elecciones, La Mala Fe conversó con Alberto Hidalgo, politólogo especialista en incidencia política, derechos humanos, diversidad e igualdad de género.
Publicada en octubre de 2020, la Carta de Madrid apareció como respuesta al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, y busca combatir “el avance del comunismo” al cual considera “una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”. Esta declaración de principios, impulsada por el partido español Vox, se encuentra rotando en América Latina, en la búsqueda de nuevos adherentes.
Una investigación de openDemocracy en miles de páginas de declaraciones financieras en EEUU, descubrió que veinte organizaciones de la derecha cristiana de ese país gastaron en América Latina al menos 44 millones de dólares desde 2007.
Las medidas de aislamiento impuestas en algunos estados de EE.UU. para frenar la expansión del coronavirus ha generado la unión de los grupos de ultraderecha en un frente anticuarentena que utiliza la desinformación como principal arma.
Esta medida pretende condicionar una enseñanza con enfoque de género, donde se aborden temas como la sexualidad, el feminismo o la diversidad LGBTI, a una «autorización expresa» de los padres de familia, lo que vulnera el derecho a la educación de miles de menores españoles.
