El 10 de diciembre se cumplió el plazo que el Comité de Derechos del Niño de la ONU dio al Estado peruano para informar sobre sus acciones para cumplir con las medidas de reparación y no repetición en el caso Camila. En junio, este organismo encontró a Perú responsable por violar los derechos de Camila, una niña indígena de 13 años víctima de abuso sexual. El Estado no solo le negó el aborto terapéutico, también le abrió una investigación penal.