El dictamen del Comité de los Derechos del Niño de la ONU estableció 11 medidas que el Estado peruano debe cumplir. Además, dispuso como plazo 180 días. Las medidas apuntan, por un lado, a garantizar la protección a la vida y la salud física y mental de Camila, y, por otro lado, a prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir.
«Esperamos sinceramente que este caso contribuya a desencadenar cambios estructurales en la legislación y las instituciones peruanas para que las niñas puedan acceder a un aborto seguro, dado el alto riesgo que los embarazos suponen para su salud y su vida», declaró Ann Skelton, presidenta del Comité, cuando anunciaron su decisión en junio. Sin embargo, hasta el momento, esto no se ha cumplido.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se cumplió el plazo sin ninguna acción significativa por parte del Estado peruano. Como señaló Isabelia Ruiz, coordinadora de Litigio Estratégico de Promsex, a Exitosa, la única medida cumplida es la publicación del dictamen del Comité de la ONU en las páginas oficiales del Estado. «Ninguna reparación ni económica ni en su salud mental se han dado hasta ahora», declaró. Además, el dictamen solo se publicó en español y no en quechua, la lengua materna de Camila.
Tampoco hay avances en medidas urgentes como la despenalización del aborto infantil o la modificación del Protocolo de Aborto Terapéutico para que se especifique su aplicación para las niñas, considerando el grave riesgo que supone un embarazo para ellas.
“La medida más efectiva para que no vuelvan a ocurrir casos como los de Camila, o el más reciente conocido como Mila (Iquitos), es aprobar una Guía de Aborto Terapéutico con enfoque de niñez. Las niñas deben dejar de ser tratadas como adultas y el personal de salud debe reconocer su condición de alto riesgo frente a un embarazo y no forzarlas a la maternidad”, indicó Susana Chávez, directora de Promsex.
Más información del caso se encuentra en el sitio web: https://camila.promsex.org/.
