El 7 de diciembre, una jueza autorizó a Kate Cox a interrumpir su embarazo debido al riesgo que suponía para su vida y su salud. Ken Paxton, fiscal republicano de Texas, declaró que entablaría demandas contra cualquier médico o profesional que realice el aborto a Cox y envió cartas con amenazas a distintos hospitales. Días después, la Corte Suprema del estado falló contra la paciente, prohibiéndole abortar.