De acuerdo a los médicos que atendieron a Kate Cox, la anomalía que sufría el feto implicaba que este moriría al momento del parto o a las pocas semanas de nacido. Sus abogados indicaron que Cox había tenido que ir de emergencias cuatro veces durante este embarazo, al presentar sangrado abundante y derrame de líquido amniótico. Al haber tenido dos cesáreas previas, existía un alto riesgo de ruptura uterina, lo que implicaría que no pueda tener más hijos en el futuro. «Kate Cox necesita un aborto y lo necesita ahora», apuntaba su demanda de acuerdo a Telemundo Dallas.
Teniendo en cuenta esas condiciones, la jueza Maya Guerra Gamble, del condado de Travis, le concedió una autorización excepcional para interrumpir el embarazo. «La idea de que la señora Cox desea desesperadamente ser madre y que esta ley podría hacer que pierda esa capacidad, es impactante y sería un error judicial [no conceder su solicitud]», dijo.
Inmediatamente, el fiscal republicano Ken Paxton envió una carta amenazante a los hospitales donde labora la doctora Damla Karsan, quien atendió a Kate Cox y acompañó su demanda.
En la carta, el fiscal señalaba que la autorización de la jueza Guerra Gamble no los eximía a ellos ni a nadie de las responsabilidades civiles y criminales. Además, decía que el hospital que permitiera a Karsan realizar el aborto a Cox sería culpable de acreditar negligentemente a la doctora y fallar en ejercer el apropiado juicio profesional, reseña el medio Vox. El documento redactado por Ken Paxton también negaba que la vida de Kate Cox estuviera en riesgo por el embarazo según las leyes de Texas, exhortándola a buscar un aborto en Florida.
La Corte Suprema de Texas siguió el mismo razonamiento, sentando además un peligroso precedente para las personas gestantes y los profesionales de la salud que defienden su derecho a decidir.
