Las dos acciones de amparo alegaban que la ley que despenalizó el aborto en 2020 es inconstitucional. En ambos casos, fueron desestimadas en primera instancia y en apelación porque las demandantes —un grupo de abogadas antiderechos— no lograron demostrar que la ley afectara sus derechos o que su demanda fuera de interés general.