La demanda del caso Manuela y familia vs. El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha concentrado los esfuerzos de organizaciones y colectivos «provida» salvadoreños que han puesto en marcha una serie de campañas contra el aborto y el reconocimiento del derecho a la salud y la vida de las mujeres.
La administración Trump, a través de un comunicado enviado por la agencia estadounidense de cooperación internacional (USAID, por sus siglas en inglés) exigió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eliminar toda referencia sobre el aborto y el derecho a la salud reproductiva del Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19.
En los próximos días, el presidente Alberto Fernández enviará al Parlamento argentino un proyecto de ley para legalizar el aborto en las primeras semanas de gestación.
Colombia podría despenalizar el aborto sin condiciones hasta la semana 16 si la Corte Constitucional del país aprueba la propuesta del magistrado Alejandro Linares que pide expandir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las tres causales vigentes desde el 2006.
El Salvador ha llamado la atención mundial en reiteradas ocasiones debido a su restrictiva legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos. A casos como el de Evelyn Hernández, inicialmente condenada a 30 años, se suma hoy la difamación a personal de salud que defiende la salud de las mujeres.
A los 16 años, Paola Guzmán se suicidó a raíz de las reiteradas violaciones sexuales que fue víctima desde los 14 por parte del vicerrector de su colegio, y luego extorsionada con favores sexuales por el médico que ofreció realizar un aborto.
Trabajadores farmacéuticos fueron capacitados en temas de género y autocuidado para orientar a las mujeres en el uso del misoprostol, medicamento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud como un método seguro para abortar antes de las 12 semanas de embarazo.
La venta de misoprostol (medicamento utilizado para la interrupción del embarazo) fue suspendida temporalmente en farmacias de toda Argentina por una medida cautelar presentada por organizaciones religiosas.
A inicios de noviembre de 2019 el juez federal de distrito en Manhattan, Paul Engelmayer, declaró inconstitucional la denominada “Norma de conciencia”, la cual permitía que el personal de salud se niegue a brindar servicios, incluidos abortos, esterilizaciones o suicidios asistidos, por creencias religiosas o convicciones morales.
En los primeros seis meses del 2019, más de 3 mil mujeres accedieron a la interrupción legal del embarazo (ILE), según los datos del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
