La decisión de la magistrada Madariaga no tomó en cuenta argumentos como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce el misoprostol como parte de la lista de medicamentos esenciales para garantizar un mínimo bienestar de salud a la población.
Desde octubre del año pasado, el misoprostol podía ser adquirido en farmacias de toda Argentina, según la resolución de la ANMAT a través de la disposición 946-12/10/2018, que habilitaba la comercialización al público del medicamento para uso ginecológico.
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y la Red de profesionales de la Salud por el derecho a decidir mostraron su rechazo a la decisión: “Entendemos que el objetivo de esta medida es generar una barrera más para el acceso al derecho ya otorgado desde 1921 a la Interrupción Legal de Embarazo, empujar a las personas que deciden abortar a condiciones inseguras y de clandestinidad y coartar la autonomía de nuestros cuerpos a mujeres y personas con capacidad de gestar”.
Frente al uso del Poder Judicial como un agente para restringir los derechos los derechos sexuales y reproductivos, colectivos feministas y gremios de profesionales de la salud exigieron la restitución de la disposición de la ANMAT que permitía la venta del misoprostol en farmacias.