De las 31 coaliciones de la sociedad civil que se conforman para dialogar con los representantes de la OEA, por lo menos 11 se pronunciaron en contra de los derechos humanos.
Desde Perú, la periodista de investigación Paola Ugaz conversa con La Mala Fe sobre el hostigamiento y la persecución a los periodistas que pusieron en evidencia los diversos casos de abusos sexuales contra varios menores por parte miembros de la organización religiosa Sodalicio de Vida Cristiana, además de los nuevos alcances de este caso.
El 2° Conversatorio por la Libertad Religiosa, que reunió a una serie de personajes antiderechos de la región, fue organizado por el Congreso Iberoamericano Por la Vida y Familia.
Luego de que se conoció los presuntos casos de abuso sexual al interior del Sodalicio de Vida Cristiana, la organización religiosa ocultó su capital en offshore de Panamá y Estados Unidos.
Desde El Salvador, la activista de la Colectiva Feminista Para el Desarrollo Local y presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Morena Herrera, conversa con La Mala Fe, sobre la situación del caso Manuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que implica para los derechos sexuales y reproductivos de su país, uno de los lugares de la región más hostiles para las mujeres que sufren complicaciones obstétricas.
Una investigación de EL PAÍS en cinco países de la región revela que centros afiliados a la organización estadounidense Heartbeat International utilizan estrategias que incluyen publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas falsas de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo
El debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia llega hasta la Corte Constitucional. En caso que se obtengan la mayoría de votos a favor del aborto libre y seguro, el Senado tendrá 2 años para reglamentar el procedimiento.
En el caso Manuela Vs El Salvador, la Corte IDH analizará el impacto discriminatorio que tienen las normas que criminalizan de forma absoluta los servicios de salud reproductiva en el continente americano.
Desde difundir datos personales hasta ejercer hostigamiento. Estas son algunas de las malas prácticas ejercidas por los grupos antiderechos contra menores de edad víctimas de violación que buscaron interrumpir voluntariamente sus embarazos dentro del marco de la ley.
Hasta el Tribunal Constitucional ha llegado el caso de Eidan Kaleb, una persona intersex que se enfrenta en la vía judicial al Seguro Social de Salud del Perú (Essalud) por negarle el acceso a un tipo de atención médica dirigida a personas de sexo masculino, y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por no permitirle cambiar el nombre y sexo de su documento de identidad. Su abogada, la asesora de Litio Estratétigo de Promsex, Edith Arenaza, habla con La Mala Fe sobre la historia de Eidan y los riesgos de un posible fallo en contra de la población LGBTI.
