El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local presentaron el caso de Manuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo del 2012. Siete años después, la CIDH decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al considerar que el Estado salvadoreño había violado una serie de derechos humanos de Manuela.
“La CIDH también concluyó que el Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la salud, las garantías judiciales y protección judicial, tomando en cuenta que la víctima no recibió un diagnóstico médico integral cuando fue privada de libertad, ni tampoco un tratamiento médico oportuno y adecuado, el cual hubiera permitido prolongar la vida de Manuela (…) La muerte de la víctima, bajo custodia del Estado, no fue esclarecida mediante una investigación adecuada”, señaló la Comisión en un comunicado de prensa cuando presentó el caso ante la Corte IDH.
“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora para América latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, para RFI.
Durante la audiencia en la Corte IDH, la perita Laura Clérico afirmó que el caso de Manuela no es una situación aislada; por el contrario, su historia es la de muchas mujeres salvadoreñas que atravesaron por problemas estructurales similares: no tuvieron acceso a la educación básica, no sabían leer ni escribir, ni accedieron a la salud sexual integral ni a métodos anticonceptivos modernos. “La criminalización afecta en forma desproporcionada a mujeres como Manuela. Hay un perfil de mujer que está siendo criminalizada: mujeres jóvenes, pobres y que viven en la ruralidad”, precisó Clérico.
