Un documento técnico del Ministerio de Salud propone investigar a las víctimas de violación sexual que recurran al aborto, pese a que este servicio es legal para esos casos.
Tras el cierre de diversas organizaciones feministas dedicadas a proteger a mujeres y personas LGBTIQ expuestas a distintos tipos de violencia, el Estado de Nicaragua deja aún más expuestas a las poblaciones vulnerables de su país.
¿Cuál es la situación de la Educación Sexual Integral (ESI) en Latinoamérica? Un análisis basado en los contextos de Perú, Brasil y Paraguay dan cuenta que la ESI en estos países ha retrocedido por el conservadurismo de sus gobiernos y sus inacciones para la defensa de la materia.
La educación está situada en un contexto nacional de múltiples crisis. La pandemia como hecho social global se superpuso a la crisis de representación política, la caída del crecimiento, la crisis ambiental.
El Congreso local del Estado de Guerrero alcanzó los votos necesarios para retirar al aborto del Código Penal, convirtiéndose así en la octava ciudad de México en despenalizar la interrupción del embarazo voluntaria.
El informe “Tengo miedo, ese era su objetivo: Esfuerzos para prohibir la educación de género y sexualidad en Brasil” de Human Rights Watch da cuenta de la prohibición de la educación sobre género y sexualidad desde las esferas políticas hasta las aulas en Brasil.
Comunidades marginadas de Florida, Texas y Puerto Rico sufrirán más si se anula el fallo Roe, dicen defensoras del aborto.
En #AgendaOculta📕, Susana Chávez directora de Promsex y Clara Elvira Ospina entrevistan a Mónica Roa sobre la primera demanda para despenalizar el aborto en 🇨🇴Colombia.
Si todavía se tenían dudas sobre la calidad democrática de este Congreso, estas quedaron peligrosamente afirmadas por la aprobación del proyecto de ley 904/2021, que pretende el control de los materiales educativos respecto a que el ser hombre y mujer, y la educación sexual vayan de acuerdo a las creencias morales y religiosas de cada familia.
Un hombre trans y su pareja emprendieron una batalla judicial contra el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para defender sus derechos reproductivos.
