Una investigación de EL PAÍS en cinco países de la región revela que centros afiliados a la organización estadounidense Heartbeat International utilizan estrategias que incluyen publicidad engañosa, albergues para embarazadas y promesas falsas de adopción para convencer a mujeres vulnerables de que no interrumpan su embarazo
En Bolivia, miembros de la Iglesia Católica presionaron para que una niña de 11 años embarazada producto de una violación sexual no acceda al aborto, pese a que es legal desde 2014.
El debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia llega hasta la Corte Constitucional. En caso que se obtengan la mayoría de votos a favor del aborto libre y seguro, el Senado tendrá 2 años para reglamentar el procedimiento.
Hechos ocurridos en los últimos días, desde las máximas autoridades de los tres poderes del Estado han marcado una postura opositora frente a los derechos sexuales y reproductivos y la igualdad de género.
En el caso Manuela Vs El Salvador, la Corte IDH analizará el impacto discriminatorio que tienen las normas que criminalizan de forma absoluta los servicios de salud reproductiva en el continente americano.
Desde difundir datos personales hasta ejercer hostigamiento. Estas son algunas de las malas prácticas ejercidas por los grupos antiderechos contra menores de edad víctimas de violación que buscaron interrumpir voluntariamente sus embarazos dentro del marco de la ley.
Hasta el Tribunal Constitucional ha llegado el caso de Eidan Kaleb, una persona intersex que se enfrenta en la vía judicial al Seguro Social de Salud del Perú (Essalud) por negarle el acceso a un tipo de atención médica dirigida a personas de sexo masculino, y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por no permitirle cambiar el nombre y sexo de su documento de identidad. Su abogada, la asesora de Litio Estratétigo de Promsex, Edith Arenaza, habla con La Mala Fe sobre la historia de Eidan y los riesgos de un posible fallo en contra de la población LGBTI.
Entre altos índices de mortalidad materna, bajos niveles de acceso a métodos anticonceptivos y un sistema de salud pública colapsado por la emergencia humanitaria, las organizaciones feministas empujan a la Asamblea Nacional a debatir sobre la despenalización del aborto libre y seguro.
