Luego de varios años de batalla legal, el Poder Judicial de Lima ha determinado que la AOE, conocida popularmente como «la píldora del día siguiente», no es abortiva y ordena que el Ministerio de Salud reinicie la distribución gratuita, informada y orientada de la pastilla en todos los establecimientos de salud de país.
Una investigación del Semanario Universidad da cuenta de cómo Carlos Chavarría, «el pastor de los ricos» y máximo representante de la iglesia evangélica Generación 3:16, aprovechó su amplio arraigo entre la dirigencia política, el empresariado, la farándula y el deporte costarricense para armar parte del equipo de campaña del candidato conservador Fabricio Alvarado para las elecciones presidenciales del 2018.
Un reportaje de La Voz de Guanacaste pone atención a la fuerte influencia que tienen los partidos evangélicos de Costa Rica en el rechazo o demora de la aprobación de políticas públicas progresistas, como el matrimonio igualitario, la fertilización in vitro o el aborto legal. De cara a las próximas elecciones municipales, la nota describe la relación entre la religión evangélica y políticos de Guanacaste, la segunda provincia más grande del país.
Un potente lobby para debilitar a la OEA es liderado por organizaciones cristianas conservadores de Estados Unidos, que busca ahogar resoluciones vinculadas al derecho al aborto, matrimonio homosexual y la identidad de género. Un reportaje de CIPER de Chile revela los nexos entre el excandidato presidencial José Antonio Kast y el Alliance Defending Freedom (ADF), asociación evangélica de alcance internacional cuyas estrategias articuladas impulsaron los triunfos de Trump y Bolsonaro, así como el ascenso del conservadurismo en Colombia y Centroamérica.
Los textos de varios colegios católicos y evangélicos contienen información sesgada y pseudocientífica. Para esta investigación, se analizaron libros escolares de cinco editoriales que revelan estas fallas en cursos de Ciencias Sociales, Biología y Persona, Familia y Relaciones Humanas. El Ministerio de Educación tiene un observatorio que los registra (OBNATE), pero hasta el momento no supervisa su contenido. «Se está vulnerando el derecho a la educación», indica representante del colectivo Madres en Acción.
