A través de un escrito legal presentado ante la Corte Constitucional del Ecuador, la organización internacional Human Rights Watch señaló que el gobierno tiene el deber de eliminar barreras que impiden el acceso a los servicios de salud en casos de aborto. Se trata de una acción de apoyo a la demanda que presentó la coalición Justa Libertad buscando la despenalización total.
Ocho organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos formaron un movimiento para avanzar hacia la despenalización del aborto en Ecuador. Aunque en 2021 se aprobó una ley que permite la interrupción del embarazo en casos de violación y riesgo de la vida de la madre, el lobby antiderechos ha seguido poniendo trabas para el acceso a este derecho. Se estima que cada hora, siete mujeres ecuatorianas se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones inseguras.
Gran parte de los candidatos en carrera por la presidencia de Ecuador han expresado posiciones ambiguas o en contra de la despenalización del aborto.
En distintos países de Latinoamérica y Europa se lleva a cabo la denominada «Marcha por la vida», que aboga por los fetos, pero niega la violencia de los embarazos infantiles forzados. Este despliegue de recursos, que une a grupos religiosos con políticos conservadores, busca movilizar a la población contra el aborto a través de la desinformación.
Mientras que en los países de Iberoamérica ha aumentado la polarización en redes sociales, en Ecuador los usuarios con tendencia conservadora han ganado terreno en conversaciones sobre el aborto y derechos humanos.
En el marco del Día de Acción Global por la Despenalización del aborto, celebrado cada 28 de setiembre, La Mala Fe hace un recuento de los avances y pendientes de la marea verde en base a las situaciones de 4 países: Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador.
Frente al reciente veto emitido por el Ejecutivo contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación en Ecuador, La Mala Fe conversó con Ana Cristina Vera Sánchez, abogada y activista por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes; y miembro de la organización feminista Surkuna.
Diez meses después de la orden dispuesta por la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional debatió y aprobó una ley que permite el aborto para víctimas de violación sexual, pero con restricciones en mujeres adultas.
La Mala Fe conversó con Ximena Casas, investigadora de Humans Rights Watch, sobre la realidad de las mujeres y niñas de Ecuador que intentan acceder a la interrupción legal del embarazo y terminan enjuiciadas y en prisión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia favorable por el ‘caso Paola Guzmán’, una adolescente que se suicidó tras ser víctima de agresión sexual por parte del vicerrector de su colegio en Guayaquil.
