En Venezuela, el aborto es ilegal a menos que esté en riesgo la vida de la persona gestante. Ello sumado a la falta de educación sexual y la omisión del Estado para garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, obliga a las mujeres venezolanas a salir del país para atenderse en Colombia, donde la Corte Constitucional aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 24 semanas en 2022. De acuerdo a Oriéntame, un establecimiento privado de salud colombiano en la frontera, las migrantes venezolanas representan cerca del 10% del total de las atenciones de aborto realizadas este año.