Las comisiones de Justicia, Salud y Diversidad de la Cámara de Diputados aprobaron la iniciativa de ley que propone sancionar a quienes realicen o financien «terapias de conversión» o Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), calificados como formas de tortura según la ONU. Colectivos antiderechos alegan que el proyecto atenta contra la libertad religiosa y la patria potestad.