Con un país dividido entre los gobernadores que acatan las recomendaciones de cuarentena de la OMS y un presidente que hace campaña contra el aislamiento social, las iglesias respaldan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien minimiza el impacto del COVID-19 y decretó que los servicios religiosos son “esenciales”.
Las comunidades trans de Panamá y Perú advirtieron posibles violaciones de derechos humanos tras los anuncios de cuarentena y restricción de tránsito por género en ambos países, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Latinoamérica. A pesar de que el mandatario y algunos ministros peruanos se mostraron respetuosos con la comunidad trans, se registraron tratos humillantes por parte de malos efectivos policiales.
La pandemia del nuevo coronavirus, que registró sus primeros casos en China a finales de 2019, ha infectado a más de 786.000 personas hasta este martes 31 de marzo, de acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha detenido a ciertos grupos religiosos y líderes políticos fundamentalistas para continuar con estas actividades arriesgando la salud y la vida de miles.
El Poder Judicial peruano declaró improcedente la demanda presentada por ONG antiderechos Acción de Lucha Anticorrupción (ALA) Sin Componenda, que buscaba detener la implementación de la Guía del Protocolo de Aborto Terapéutico, aprobada en 2014 como parte de una política pública en salud para garantizar la vida y la salud de las mujeres en Perú.
El 8 de marzo millones de mujeres en el mundo salieron a las calles para protestar y luchar por sus derechos. En las principales ciudades de Latinoamérica, las feministas alzaron su voz para denunciar los feminicidios de miles de mujeres y para reclamar por su derecho al aborto legal.
En los próximos días, el presidente Alberto Fernández enviará al Parlamento argentino un proyecto de ley para legalizar el aborto en las primeras semanas de gestación.
Colombia podría despenalizar el aborto sin condiciones hasta la semana 16 si la Corte Constitucional del país aprueba la propuesta del magistrado Alejandro Linares que pide expandir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo más allá de las tres causales vigentes desde el 2006.
El Salvador ha llamado la atención mundial en reiteradas ocasiones debido a su restrictiva legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos. A casos como el de Evelyn Hernández, inicialmente condenada a 30 años, se suma hoy la difamación a personal de salud que defiende la salud de las mujeres.
Esta medida pretende condicionar una enseñanza con enfoque de género, donde se aborden temas como la sexualidad, el feminismo o la diversidad LGBTI, a una «autorización expresa» de los padres de familia, lo que vulnera el derecho a la educación de miles de menores españoles.
A los 16 años, Paola Guzmán se suicidó a raíz de las reiteradas violaciones sexuales que fue víctima desde los 14 por parte del vicerrector de su colegio, y luego extorsionada con favores sexuales por el médico que ofreció realizar un aborto.
