Diana Aleman vivía en Perú con su pareja y sus dos hijos desde 2018. Como muchos de sus compatriotas, estaba en el país en situación de migrante irregular. Ese fue otro factor de vulnerabilidad al momento de acudir por atención médica cuando experimentó un aborto espontáneo. Además de sufrir trabas para que los servicios de salud atendieran su emergencia obstétrica, su situación migratoria previno que Diana y su familia hicieran valer sus derechos.
La joven venezolana de 27 años acudió al hospital público María Auxiliadora, ubicado al sur de la capital, donde tuvo que pagar y comprar insumos para finalmente ser admitida como paciente. «Mientras se recuperaba del legrado uterino, el personal de salud le informó que sería denunciada a la policía por el aborto. Por temor a la persecución penal, Diana intentó escapar por la ventana y falleció al caer desde un tercer piso», señala la nota de prensa de las asociaciones que llevaron la demanda al CEDAW.
Aunque la familia y la defensa legal de Diana Aleman impulsaron que su muerte se investigue como feminicidio, los procesos culminaron en un archivo que asumía la hipótesis de suicidio. Para las asociaciones que hoy buscan justicia, esa decisión es resultado de una investigación con falencias y múltiples estereotipos de género. «Dentro de dichos estereotipos está la presunción de que un aborto necesariamente genera altos niveles de culpa, trastorna el proyecto de vida de las mujeres y puede llevar al suicidio», explican.
En cambio, las asociaciones apuntan que la muerte de Diana Aleman fue consecuencia del marco normativo vigente en Perú. Por un lado, por la severa criminalización del aborto, y por otro lado, como se señaló antes, por la exigencia de que el personal de salud denuncie a sus pacientes.
Ello empeora por la agenda antiderechos que impulsan congresistas de ultraderecha vinculados a organizaciones religiosas.
