Colombia: Corte Constitucional pide garantizar atención de aborto sin violencia, mientras oposición de grupos antiderechos se mantiene
El 6 de mayo, la Corte Constitucional emitió una sentencia donde pide garantías del sistema de salud para la interrupción voluntaria del embarazo. El pronunciamiento atiende al caso de una mujer que fue víctima de maltratos al acudir a un servicio de salud para abortar. Días antes del fallo, grupos antiderechos organizaron la Marcha Nacional por la Vida pidiendo eliminar la despenalización del aborto.
2024-05-10 20:53:20
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Avances para garantizar un verdadero derecho a decidir. Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia estableció en una sentencia que los servicios de salud deben garantizar una atención del aborto libre de maltrato y discriminación.
Este pronunciamiento nace del análisis del caso de una mujer que fue víctima de violencia obstétrica al acudir a una entidad promotora de salud para interrumpir su embarazo. “Fue sometida a tratos contrarios a su dignidad humana durante el procedimiento, ya que se le prestó un servicio de mala calidad que la sometió a sufrimientos psicológicos y físicos innecesarios”, señaló el tribunal.
Frente a ese caso, los magistrados pidieron realizar investigaciones de control interno e imponer las sanciones que correspondan por la responsabilidad de los hechos. «Es un buen reconocimiento que la Corte identifique que en estos casos sí se puede presentar formas de violencia como la obstétrica», declaró Cristina Rosero, del Centro de Derechos Reproductivos.
En 2022, la Corte Constitucional falló a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo. Desde entonces, los magistrados han emitido otras sentencias que apuntan a seguir eliminando las trabas para el aborto libre y seguro.
Aborto sin violencia ni discriminación
Distintas organizaciones de derechos humanos reportan efectos positivos de la despenalización. Por ejemplo, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres señala que hubo un aumento de 30% en los abortos realizados de forma segura: alrededor de 500 en 2022 y 670 en 2023. Asimismo, los servicios de salud de Profamilia registraron un alza del 18.7% en el número de abortos realizados. Además, la Fundación Oriéntame reportó que cerca de 18 mil mujeres buscaron asesoría legal para abortar, un aumento del 8%.
Progresivamente, la Corte Constitucional de Colombia viene respondiendo a las trabas que existen para el acceso al aborto libre y seguro. Sentencias previas eliminaron barreras para que niñas y mujeres indígenas interrumpan su embarazo. Ahora, el tribunal ha hecho un llamado por una atención de aborto sin violencia en servicios de salud.
Foto: Gatopardo
A la par de estas cifras, sin embargo, se ha alertado que aún hay obstáculos y maltrato en los servicios de salud. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien sustentó el reciente fallo de la Corte Constitucional apuntó que “la violencia obstétrica es una forma de violencia contra la mujer que comprende todos los maltratos y abusos que padecen las mujeres durante la prestación de servicios de salud reproductiva. Ello incluye, por ejemplo, la atención durante la gestación, el parto y el postparto”.
En el caso que motivó el reciente pronunciamiento de la Corte, se detalló que la mujer «se vio obligada a enfrentar esa circunstancia (el aborto) sola, en un baño y sin supervisión médica, lo cual le produjo un fuerte sangrado».
Es necesario precisar que los grupos más vulnerables a estas situaciones son las mujeres pobres, afrodescendientes, extranjeras o indígenas. “En un contexto de pobreza crónica, las mujeres tienen que viajar largas horas para llegar a los servicios de salud y enfrentan estigma, maltrato y muchas veces ideas tabú, como que las mujeres negras tienen un umbral del dolor más alto y entonces no les ponen analgesia en los servicios de salud”, declaró Ana Cristina González, médica del colectivo Causa Justa.
Al respecto, resulta positivo que la Corte Constitucional anulara sentencias del 2022 y 2023 que impedían el acceso al aborto a niñas y mujeres indígenas. Dichas decisiones, así como la actual, resultan clave en un contexto en que grupos antiderechos siguen movilizándose contra la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.
Opositores
El domingo 4 de mayo, la plataforma Unidos por la Vida organizaron la Marcha Nacional por la Vida, en contra del aborto y la eutanasia. Los manifestantes pidieron que la Corte Constitucional anulen las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022, con las que se despenalizó —primero parcial y luego completamente— el aborto. Además, mostraron su rechazo a la sentencia C-233 relacionada a la muerte digna.
Jesús Magaña, directivo de dicha plataforma antiderechos, señaló que seguirán manifestándose frente a la «mayor masacre del país». Desde la Conferencia Episcopal de Colombia, el obispo Francisco Ceballos, acompañó el evento y calificó tanto al aborto como a la eutanasia como «inaceptables».
La plataforma antiderechos Unidos por la Vida realizó una manifestación contra el aborto días antes que la Corte Constitucional de Colombia emitiera un fallo que reafirma el derecho a un aborto seguro.
Foto: ADN Celam
Como se recuerda, además de estas movilizaciones sociales, los grupos antiderechos de Colombia también han impulsado acciones legales contra la despenalización del aborto. Sin embargo, estas no han tenido éxito.
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