Frente al reciente veto emitido por el Ejecutivo contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación en Ecuador, La Mala Fe conversó con Ana Cristina Vera Sánchez, abogada y activista por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes; y miembro de la organización feminista Surkuna.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
Para entrar en contexto, ¿Cuál es la situación actual del derecho al aborto por violación tras el veto presidencial?
En Ecuador llevamos una lucha de muchísimo tiempo frente al tema del aborto en casos de violación, una lucha de 10 años por la despenalización total del aborto. En noviembre de 2020 pusimos una demanda de inconstitucionalidad de una frase del Código Penal que impedía el acceso al aborto por violación a las mujeres sin discapacidad mental. La primera demanda fue presentada en junio de 2019, y la última en abril de 2021.
El 18 de abril de 2021 se logra que la Corte Constitucional despenalice el aborto por violación. En su sentencia ordena que se haga un proyecto de ley para regular el acceso a servicios de salud y que cuente con los más altos estándares en materia de derecho internacional de derechos humanos. Y también plantea que tiene que realizarse con el máximo debate democrático posible. Lo que sucede es que la Corte ordena a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional a que trabajen el proyecto de ley. Después de 8 meses, se aprueba en la Asamblea el 17 de febrero de 2022 una ley que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas para mujeres víctimas de violación y 18 semanas para niñas, adolescentes y mujeres rurales. La ley se envía al Ejecutivo, que tiene la potestad de hacer objeciones a una ley. Sin embargo, en el caso concreto de la ley de aborto por casos de violación, se tiene unos parámetros que respetar. El presidente argumenta la inconstitucionalidad del proyecto que aprobó la Asamblea. El presidente omite mandarlo a la Corte y manda el tema a la Asamblea.
El presidente sabe que los cambios que hace y sus argumentaciones no son compatibles con nuestro marco constitucional. Sabe que la Corte, que ya falló por la despenalización del aborto por violación, no va a permitir las reformas que él plantea. Sin embargo, él no deja de hacer argumentaciones de constitucionalidad. Estamos en ese escenario. Con un veto súper grave, porque lo que hace es restringir el acceso a un aborto por violación. No solamente determina 12 semanas para todas las mujeres, sino que además pone requisitos difíciles de cumplir como una declaración jurada, una denuncia o un examen médico legal. El presidente hace artículos donde hace que sea más importante la protección del nasciturus que a la mujer, lo cual es contrario a todo lo que ya han dicho los comités internacionales. Incluso busca una nueva forma de criminalizar a las mujeres con algo que él llama “infanticidio”, lo que no existe en el Código Penal. Esos son los temas más complicados del veto. El presidente basa su veto en decir que el aborto no es un derecho constitucional, cuando la única institución que podría decir algo así es la Corte.
El contexto es bastante desalentador. Si ya ahora las niñas y mujeres enfrentan barreras de acceso a servicios de salud con la ley que aprobó el Congreso, van a enfrentar una obstrucción absoluta con el veto.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó el proyecto de ley que aprobó el Congreso para despenalizar el aborto en casos de violación.
– Foto: Rodrigo Buendia / AFP.
¿Qué representa este Veto para las sobrevivientes de violencia sexual?
El presidente da el mensaje de que la vida de las mujeres, niñas y toda sobreviviente de violencia sexual no es importante. El veto es un mensaje de desprecio a sus derechos y a su situación que promueve la revictimización y criminalización. El mensaje es que nuestras vidas y derechos no importan porque el presidente tiene convicciones religiosas y antiderechos. Lo que ha hecho con este veto es imponer su visión antiderechos.
Teniendo en cuenta las posturas del presidente Guillermo Lasso, ¿se veían venir el veto?
Yo creo que sí. Nosotras sabíamos que íbamos a tener un veto. Aunque no esperábamos el nivel de veto porque era bien difícil poder prever que iba a extralimitar sus funciones constitucionales como lo ha hecho. Nadie pudo preveer que el veto iba a ser tan terrible e ilegal. Esperábamos que cumpla con ciertos parámetros del Estado de derecho, pero el presidente Guillermo Lasso no ha respetado absolutamente nada.
Quisiera volver al periodo de debate en el Congreso sobre la ley que aprobó ¿Qué grupos o sectores fueron los que presionaron para limitar los alcances de esta ley que se había aprobado hace unas semanas?
De todos los sectores. El tema del aborto por violación rompió las bancadas. Ninguna quiso asumir el tema desde una perspectiva de los derechos humanos. Muchas bancadas jugaron un rol para que se reduzcan las semanas, como la bancada de Pachakutik, UNES, Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano. Y fue lamentable. Hubo mucha presión política y un mal manejo del tema, porque quienes lideraron la propuesta no tuvieron la fuerza suficiente para entender el escenario en el que se encontraban, y darse cuenta que ceder los llevaría a ceder más. Y fue lo que pasó.
Entre todas estas bancadas, ¿identificas a grupos abiertamente antiderechos?
En el bloque de independientes la mayoría de asambleístas son antiderechos con una agenda conservadora. Hay un par, como Nathalie Arias y Ana Belén Cordero, que son activistas antiderechos y reciben asesoría y formación. En el bloque Social Cristiano igual, es fuertemente conservador. En otros bloques, como el de la Izquierda Democrática que se dice un partido feminista, hubo todo un problema político grande sobre el aborto que generaron rupturas. Luego el bloque de Pachakutik encontramos presencia fuerte de antiderechos que incluso reciben financiamiento de organizaciones. En UNES también identificamos a Sofía Espín, Luisa Gonzales y Pierina Correa.
Nathalie Arias, asambleísta nacional antiderechos que se opuso a la ley que despenaliza el aborto en casos de violación.
– Captura: Teleamazonas.
¿Cuál es la agenda de estos grupos antiderechos en Ecuador?
Tienen una agenda sumamente estructurada porque muchos de ellos incluso están financiados por organizaciones antiderechos. Por ejemplo, Geraldine Beber ingresó una ley de la adopción desde el vientre. Pierina Correa ha intentado poner varias mociones antiderechos. También buscan limitar todas las propuestas que puedan tener progresividad en materia de derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, pero también a la población de la diversidad sexual.
¿Qué aprendizajes he dejado en el movimiento feminista la incidencia para esta ley?
Nos ha mostrado la importancia de tener claridad del contexto que existe en la Asamblea Nacional. Y que no fue un escenario político en donde se pueda hacer incidencia muy fácil, porque hay intereses en juego que se mueven. Creo fundamentalmente que el cambio de posturas de los asambleístas no responde a temas ideológicos, sino a negociaciones de votos y de otras índoles. Por eso decimos que los derechos de las mujeres siguen siendo negociados, son un capital de cambio entre las bancadas.
Este proceso también nos ha enseñado la importancia de tener estrategias y consensos mínimos entre nosotras que hemos tenido posturas distintas dentro del movimiento. Muchas veces esa incidencia que se hace desde distintos puntos de vista puede tener un efecto contrario, porque la gente utiliza esas diferencias que pueden ser legítimas entre nosotras para torcerse.
¿Existe algún mecanismo para superar el veto?
Primero hay que ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Ellos tienen la posibilidad de rechazar el veto y mandarlo a la Corte Constitucional. Después, hay otros mecanismos más. Nosotras como demandantes vamos a intentar activar distintos mecanismos constitucionales. Podemos poner una demanda de incumplimiento porque no se cumplen los parámetros de la sentencia. Vamos a ingresar varios descritos para lograr un pronunciamiento de la Corte. Y, además, tenemos la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad en caso de que la ley del Ejecutivo se apruebe.
Si se logra superar el veto, ¿qué aspectos de la ley modificaría para garantizar un acceso integral al derecho al aborto por violación a las sobrevivientes de violencia sexual?
El tema del plazo. Me parece sumamente restrictivo un plazo de 12 o 18 semanas en un país como el nuestro, donde las mujeres no tienen acceso a información ni a servicios de salud. Y cuando todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos dicen que se tiene que generar condiciones para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud reproductiva sin trabas, sin obstáculos, sin barreras. Permitir y promover la prevención de riesgos en los abortos. Eso es lo que creo que debería modificarse de la ley que aprobó la Asamblea.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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