Desde el Congreso, los grupos antiderechos han emprendido diversas iniciativas legislativas que imponen penas más duras para las mujeres que abortan y criminalizan a las poblaciones trans y no binarias.
Equipo de redacción de La Mala Fe.
En los últimos tres meses, diversas iniciativas de ley que van en contra de los derechos sexuales y reproductivos y del reconocimiento de las identidades de las personas trans y no binarias han avanzado en el Congreso de Guatemala. Las propuestas legislativas en cuestión tomaron mayor impulso desde que el Congreso es presidido por Shirley Rivera Zaldaña, una diputada conservadora y antiderechos.
Una de las iniciativas que más ha progresado en el Congreso de Guatemala es un proyecto de ley que busca declarar el 9 de marzo como “Día por la Vida y la Familia”. El peligro, sin embargo, se encuentra en el trasfondo. Esta propuesta busca “resaltar la importancia al respeto por la vida, la familia, el no al aborto (…) evidenciar la obligación estatal en creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población al respeto por la vida y la familia”.
Entre líneas, esta iniciativa promovida por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, busca restringir los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la interrupción voluntaria del embarazo en casos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual.
Presidenta del Congreso, Shirley Rivera Zaldaña. Cargo que ocupa desde enero de este año.
– Foto: Congreso de la República de Guatemala.
En la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, esta iniciativa recibió el respaldo necesario para aprobar un dictamen y ascenderlo al Pleno de Diputados para su debate y aprobación. En la comisión tuvo los votos a favor de los diputados Antonio Arenales Forno y Aníbal Rojas, ambos aliados de los grupos conservadores y antiderechos.
Del otro lado, se opusieron los bloques de los partidos Semilla, Victoria, Winaq y URNG. “Cuando miramos los números de niñas embarazadas de 14 años, niñas cuidando niños, cuando deberían estar en la escuela”, comentó con rechazo la diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq. “¿De qué familia estamos hablando?”, cuestionó.
Desde el Congreso de Guatemala también se alista otra iniciativa que busca invisibilizar y criminalizar a las personas trans y no binarias por sus identidades. Se trata del Proyecto de Ley 5940, también promovido por la diputada Shirley Rivera, y que propone “garantizar la protección integral de la niñez contra los trastornos de la identidad de género”.
En la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso, se aprobó un dictamen a favor de la propuesta de Rivera y fue enviada al Pleno de Diputados para su debate y aprobación.
Entre los alcances de esta iniciativa se busca eliminar el derecho a la identidad autopercibida., al intentar definir las identidades trans y no binarias como “trastornos” y censurar y criminalizar el debate público sobre la aceptación y reconocimiento de sus derechos. Y es que la propuesta también apunta a imponer sanciones contra las personas y organizaciones que utilicen materiales para promover o mostrar a las identidades trans y no binarias.
Activistas trans de Guatemala.
– Foto: Presentes.
El pasado martes 8 de marzo, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia con 102 votos a favor de legisladores oficialistas, 8 en contra y 50 abstenciones. Dicha propuesta, ingresada en 2017, aumenta las penas contra mujeres que aborten, con hasta 5 años de prisión. A su vez, la norma aprobada por el Parlamento prohíbe la posibilidad de contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo y enseñar en las entidades educativas sobre la diversidad de género y la educación sexual.
Para que entre en vigor, el dictamen aprobado por el Congreso de Guatemala deberá ser firmado por el presidente Alejandro Giammattei, quien hasta la fecha no la ha ratificado. No obstante, el mandatario de Guatemala anteriormente se ha pronunciado en contra del derecho al aborto y de la población LGBTI.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei ha mostrado claramente su postura antiderechos. En noviembre del 2020 derogó un acuerdo suscrito el día anterior el ministro de Gobernación, que autorizaba el funcionamiento de la ONG de planificación familiar Planned Parenthood en el país.
En este portal damos alerta de los avances y las estrategias que el fundamentalismo y la agenda antiderechos implementan en los países de la región y resaltamos a las voces y propuestas que están dispuestas a combatirlos y que defienden los derechos reproductivos, la diversidad sexual y el enfoque de género.
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