De acuerdo a un reporte de Aministía Internacional, en Brasil una de cada 28 personas que intentan abortar mueren por hacerlo en condiciones inseguras. Además, existen grupos más vulnerables. Según el estudio Aborto e Raça no Brasil, 2016 a 2021, las mujeres negras tienen un 46% más de probabilidades de abortar, en todas las edades, que las mujeres blancas. Así, en un contexto de criminalización, sus vidas y su salud se encuentran en mayor riesgo.
En 2017, el PSOL presentó un expediente que plantea la anulación de dos artículos del Código Penal de Brasil para dejar de perseguir judicialmente a quienes aborten hasta la semana 12 de gestación. Actualmente, solo se permite la interrupción del embarazo en casos de estrupro, anencefalia y riesgo para la vida de la madre. Sin embargo, incluso en dichas situaciones las personas enfrentan desinformación y trabas para acceder a atención en establecimientos de salud.
Como parte del proceso, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, presentó un amicus curiae ante el Supremo Tribunal Federal, junto a siete miembros de la red INCLO -ACLU, Irish Council for Civil Liberties (ICCL), Canadian Civil Liberties Association (CCLA), Hungarian Civil Liberties Union y Legal Resources Centre. Este informe técnico busca complementar los argumentos legales para la despenalización del aborto en Brasil.
«Desde hace años sostenemos que la penalización del aborto viola los derechos a la dignidad personal, la no discriminación, la vida, la libertad, la igualdad, la salud, los derechos sexuales y reproductivos. También entendemos que empujar a la clandestinidad y negar servicios de salud se enmarcan en supuestos de tortura, tratos inhumanos y degradantes», señala un comunicado de CELS.
