La marcha del 2 de noviembre convocada por las organizaciones que se oponen a la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional estuvo llena de símbolos religiosos: personas con camándulas y crucifijos; plegarias al comienzo y al final; y la entonación de un cuerno, del mismo con el que se habrían ahuyentado las siete plagas de Egipto.
No es de extrañar. De las 61 organizaciones y líderes que mapeamos, a 49 les pudimos rastrear algún vínculo religioso en sus páginas web, redes sociales, comunicados o, a partir de su red de aliados.
Pero el comunicado que leyó en la marcha Samuel Ángel, director del “Movimiento Solidaridad”, del Instituto de Investigación Social y antes militante uribista —a nombre de todas las organizaciones de la marcha— no mencionó ningún argumento religioso.
En cambio, dijo que el derecho fundamental es la vida, no el aborto. Que el Congreso es el órgano competente para regularlo porque representa la voluntad del pueblo. Que en otras sentencias, la Corte ya ha dicho que no se debe despenalizar el aborto. Y que Colombia está incumpliendo la Convención Interamericana de Derechos que contempla el respeto a la vida desde la concepción.
Es lo que el sociólogo argentino Juan Marco Vaggione llama “secularismo estratégico” que, según la profesora Malagón, “consiste en traducir argumentos de tipo religioso en argumentos legales para evitar las críticas relacionadas con la separación que debe haber entre Iglesia y Estado”.
Por eso, la investigadora dice que “es difícil determinar si los actores que intervienen ante la Corte Constitucional, el Congreso de la República y otras instancias, tienen vínculos con el cristianismo”.
De hecho uno de los cambios importantes que ha tenido el movimiento de oposición al aborto es que su vocería está cada vez menos en los jerarcas de la Iglesia Católica y los pastores evangélicos. Es algo que sí pasaba antes, por ejemplo, con Claudia Castellanos, pastora de la Misión Carismática Internacional y congresista de Cambio Radical.
Ahora los protagonistas son laicos como María Esther Téllez, que dirige el Movimiento ABC Prodein, una organización internacional con sede en siete países, incluída Colombia desde 1994.
Prodein fue fundada en Perú por el sacerdote católico Rodrigo Molina y la hermana Josefina Serrano.
Pero Téllez defiende la causa “provida” no con argumentos religiosos sino de corrupción. Dice que está segura de que detrás de los abortos hay un negocio: “Hay un lobby internacional de la ONU y la OMS. Y muchas investigaciones en curso. En algunos productos, la composición que arranca con las siglas R ‘algo’ están relacionadas con el comercio de fetos abortados. Hay testigos de que de la zona de Teusaquillo, donde están los centros de aborto Oriéntame y Profamilia, salen carros con canecas que cogen por la Avenida Boyacá y cuando se percatan de que los están siguiendo, se pierden”.
Ese mismo argumento también se usó en 2016 contra el proyecto de Ley 209 que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 24 de embarazo.
Carol Borda, una joven politóloga de la Universidad Nacional que creó el colectivo “Empoderadas” y el grupo “Nazer Colombia”, desarrolla la idea en un video contra la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) que surgió en India y promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, concretamente, el acceso a anticonceptivos y al aborto. En Colombia, financia a clínicas como Profamilia y Oriéntame y a grupos que están a favor de la despenalización, como Católicas por el Derecho a Decidir.
Una sentencia de 2019 les dio más razones porque permitió el uso de órganos y tejidos de fetos para fines de salud y científicos. Entre ellos, la posibilidad de hacer trasplantes que podrían curar el Alzheimer y el Parkinson.
La influencia de esas organizaciones se extiende a los medios de comunicación y la industria del cine. Un caso es “Inesperado”, una película que se estrenó en marzo de este año en salas de cine como Cinemark, y que muestra ese negocio del que hablan Borda, Téllez y Samuel Ángel. Cuenta la vida de Abby Johnson, quién habría trabajado durante dos décadas en IPPF, luego se arrepintió de lo que estaba haciendo y es una de las creadoras de la campaña y organización “40 días por la vida”.
Es la misma que en tres momentos distintos del año convoca “oratones” durante 40 días frente a clínicas que realizan interrupciones del embarazo. Tienen presencia en 50 países, incluido Colombia.
“40 días por la vida Colombia”, “Nazer”, y cerca de 100 organizaciones más —la mayoría católicas o protestantes—, hacen parte de la plataforma Unidos por la Vida, la misma que creó la plantilla de correo electrónico que llegó por miles a la Corte.
Según José de Jesús Magaña, mexicano, profesor de colegio, y uno de los fundadores de esa plataforma en 2006, uno de los principales argumentos en contra del aborto es que “si queremos un país que exista, tiene que existir la vida”. Dice que, de permitirse el aborto, el índice de fertilidad disminuiría y en menos de 30 años países como Japón o China podrían quedarse sin habitantes.
Las cifras muestran lo contrario. En Japón el aborto fue legalizado en 1948 y según el Banco Mundial el índice de fertilidad es de 1,36 hijos por mujer, pero a lo largo de los años la curva a aumentado y disminuido constantemente; en 1968 estuvo en 1,58 hijos por mujer y en 1967 subió a 2,02. En Groenlandia el aborto es legal desde 1975. En 2019 hubo 902 abortos y 794 nacimientos, y el índice de fertilidad fue de 2,08 hijos por mujer. Y en Colombia estando penalizado el aborto, el índice de fertilidad ya ha venido decayendo con el paso de los años.
Más allá de estos argumentos que no son religiosos y aunque no sean los protagonistas del debate, como sí lo fueron en el pasado, las organizaciones religiosas y los jerarcas no están del todo ausentes. La Conferencia Episcopal intervino directamente ante la Corte Constitucional en contra de las demandas de inconstitucionalidad del aborto. Apeló al argumento de que las normas deben estar de acuerdo con el derecho natural según el cual la vida existe desde la concepción.
Precisamente Malagón, la profesora del Externado, dice que “la jerarquía vaticana sigue defendiendo que el derecho debe respetar la naturaleza humana que desde la visión cristiana implica para las mujeres sacrificarse y ser madres en cualquier circunstancia”. De hecho, según ella, el origen del delito de aborto se remonta al Código Penal de 1837 que penalizaba las conductas contrarias a la moral católica.
Lina Herrera, la líder de “40 días por la vida”, exaltó este año a una de sus lideresas en Cartago por sacrificar su vida en favor de la de su hija: “Una mujer generosa con la vida, quien prefirió dejar nacer a su hija antes de seguir el consejo médico de abortarla dada su condición delicada de salud. Nuestras condolencias para su familia. A su esposo Salvador y a su hija Verónica María los arropamos con nuestras oraciones. Paz en su tumba”, publicó.
La misma Margarita Restrepo, representante a la Cámara del Centro Democrático y líder de la oposición a la despenalización del aborto, publicó un testimonio de vida. Contó que tuvo un embarazo de alto riesgo y decidió no abortar pese a que el médico le dijo que podía morir.
Samuel Ángel, por otro lado, también resaltó en la marcha del 2 de noviembre que “obispos del Espinal, que nunca habían hecho cosas como estas, están en la calle manifestándose”.
Uno de los hechos más relevantes de injerencia de la Iglesia en los temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres, es la aceptación del Vaticano como Observador Permanente en la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde mayo de 2021. Algo que avaló el Gobierno de Iván Duque. En concreto, la OMS dicta las políticas de salud sexual y reproductiva de las Naciones Unidas que tienen que ver con el uso de anticonceptivos y el aborto.
Esto le da derecho al Vaticano a participar en la asamblea anual de la OMS y sus comités, a proponer puntos del orden del día y a conocer documentos que impliquen a la Santa Sede, aunque no tiene derecho a votar.
