Ahondemos en el riesgo que corre la investigación contra el Sodalicio.
El caso Sodalicio está corriendo peligro porque la Primera Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado que preside la magistrada Porfiria Condori es la que va a decidir el destino del caso sin haber escuchado a los sobrevivientes. El 17 de noviembre pasado, la sala impidió a los sobrevivientes del Sodalicio y sus abogados participar en la audiencia para sustentar por qué no se debería ordenar el cese de la investigación, atentando contra el derecho a la defensa. Incluso luego de que el Poder Judicial sostuvo que ellos tienen derecho de intervenir en este caso. Solo se escuchó a la defensa legal del fundador del Sodalicio, Luis Fernando Figari y Virgilio Levaggi.
Fue increíble. El fiscal superior Carlos Matamoro también apoyó las alegaciones de los abogados de los sodálites, desvinculándose de la postura del fiscal provincial Eduardo Castañeda, que es quien investiga al Sodalicio y requirió la ampliación del plazo para seguir indagando los hechos. El fiscal Matamoro le dijo a la Sala Penal que el plazo para investigar había terminado, cercenando arbitrariamente el plazo del fiscal provincial. Justo toman este nuevo giro cuando se estaba investigando el corazón de las finanzas del Sodalicio en Perú. Es importante decirle a la Sala que no cierre el caso. Puede pasar.
Por otro lado, también estás por presentar un libro sobre las finanzas del Sodalicio.
En febrero de este año me abren un caso de lavado de activos en la Fiscalía. Obviamente eso retrasa cualquier plan, te replantea todo, tienes que prepararte, tienes que hacer un montón de escritos, estar con los abogados. Tengo ese caso, tengo otra demanda por difamación en Lima de Carlos Gómez de la Torre Pretell, un funcionario del Sodalicio, y otra que él presentó en Piura contra mí por falso testimonio. Tengo la demanda de Luciano Revoredo, director de La Abeja, donde si tu buscas mi nombre vas a encontrar que Paola Ugaz es más importante que el covid. Y yo no soy más importante que la pandemia. Este, además, es un personaje que habla de mis hijos.
A esas demandas súmale las 12 denuncias que presentó Edgardo Palomino Martínez pidiendo a la Fiscalía que me investigue por lavado de activos, como si fuera la reina del sur chico. Se basan en una denuncia espuria del diario Expreso, escrita por Uriben Schmel, alguien que estuvo implicado y procesado por el caso “Los Diarios Chicha” y muy vinculado a Vladimiro Montesinos.
Esto es durísimo porque no solo te quita tiempo, sino que afecta a la salud emocional mía y de mi familia, además de mi economía. Todo lo que he gastado para defenderme equivale a un departamento pequeño que hubiera podido comprar para mi jubilación. Me hubiera encantado crear una escuela de periodismo, hacer mi vida, pero no se ha podido.
A eso súmale, además, tres amenazas de muerte por Instagram en las cuales me dicen que se viene el Charle Hebdo peruano, que me van a fumigar peruano, aludiendo al caso de la revista francesa donde mataron a 12 personas, eran musulmanes enojados por una portada que tomaron como una crítica a su religión y su líder. En nuestro caso era un mensaje directo y por eso fuimos a la Policía a hacer la denuncia porque tanto Pedro Salinas como yo hemos investigado a un grupo religioso. Y la fiscal del distrito de Miraflores (Lima), Janet Bernal, tomó la denuncia y la cerró, se inhibió de tomar el caso y la pasó a la provincia de Cañete, donde no vivo.
