Las organizaciones detrás del caso que puede hacer caer el derecho al aborto en la Corte Suprema de EEUU apuntan también a Europa y América Latina
Mónica Cordero, Diana Cariboni, Lou Ferreira
Los grupos conservadores que batallan en la Corte Suprema para redefinir el futuro del acceso al aborto en EEUU han gastado al menos 29 millones de dólares en el resto del mundo entre 2016 y 2019 en campañas contra los derechos de las mujeres y las personas LGBTQ, openDemocracy revela hoy.
Además, entre 2016 y 2020 recibieron casi 100 millones de dólares de donantes anónimos a través de dos organizaciones benéficas que manejan montos enormes de dinero y son acusadas de financiar “grupos de odio”.
El miércoles, la Corte Suprema de EEUU recibió alegatos a favor y en contra de una ley de Mississippi que en 2018 prohibió los abortos después de la semana 15.
La ley fue concebida deliberadamente para impugnar – y finalmente derogar – el fallo histórico Roe v Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país y que permite terminar un embarazo hasta la semana 23.
La derogación de Roe abriría paso a una prohibición del aborto a lo largo de buena parte del país.
Entre esas siete organizaciones de derecha de EEUU, que promovieron la legislación de Mississippi – y una ley similar en Texas aprobada este año – y que gastaron decenas de millones de dólares en el resto del mundo, están Alliance Defending Freedom (ADF) y Federalist Society, que tuvieron un papel central en la planificación de esta estrategia de largo aliento para poner fin a la protección constitucional del aborto en EEUU.
El American Center for Law and Justice, Billy Graham Evangelistic Association, Family Research Council, Focus on the Family y Heartbeat International también se involucraron en los casos de Texas y Mississippi con argumentos jurídicos, cabildeo, campañas y declaraciones.
Todos estos grupos participan desde hace años en esfuerzos para limitar los derechos reproductivos en Europa y América Latina. ADF y Family Research Council están además designados como “grupos de odio” por la organización especializada Southern Poverty Law Center. Ambos rechazan esta etiqueta.
Ninguna de estas organizaciones divulga las fuentes de su financiación.
Pero el examen de la información financiera declarada por los donantes de subvenciones, nos permite revelar que dos grandes entidades benéficas, National Christian Foundation (NCF) y Fidelity Charitable, donaron a estos grupos 93 millones de dólares entre 2016 y 2020 y figuran entre sus principales financiadores.
NCF y Fidelity Charitable administran enormes cifras de ‘dinero opaco’ – otorgado por donantes anónimos – y son criticadas por financiar a “grupos de odio”.
«Las leyes impositivas estadounidenses permiten medidas de privacidad del donante cuyo servicio al bien público es discutible”, dijo Frederick Clarkson, investigador principal del Political Research Associates, un centro de pensamiento progresista que estudia los movimientos de derecha.
Clarkson agregó: “Estas disposiciones se usan a veces para camuflar las fuentes de financiamiento de grupos controvertidos o incluso profundamente intolerantes en EEUU y en todo el mundo. Esto es sin duda cierto para la NCF y Fidelity”.
ADF International, la rama mundial de ADF, está involucrada en decenas de casos judiciales contra los derechos reproductivos y el matrimonio igualitario.
El análisis de openDemocracy muestra que este grupo gastó 15,3 millones de dólares en el exterior. Esto incluye el mayor monto declarado hasta ahora en Europa: 4,3 millones de dólares en 2019, comparados con 2,6 millones el año anterior. ADF también registró por primera vez en 2019 gastos en Eurasia.
openDemocracy reveló en febrero que el gobierno británico había citado a ADF International en una propuesta para fortalecer la libertad de expresión en las universidades. El grupo abrió en 2017 una oficina en Londres y ha invertido cientos de miles de libras esterlinas en cabildeo en el Reino Unido.
La Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) es notoria por sus posturas anti-aborto y ha gastado en grande en el exterior, según sus últimas declaraciones financieras (96 millones de dólares entre 2007 y 2014). Pero cambió su registro de organización sin fines de lucro a iglesia en 2014 y desde entonces ya no tiene que divulgar su gasto internacional.
El año pasado, la BGEA demandó a estadios y alcaldías británicas que habían cancelado sus presentaciones debido a los comentarios homófobos e islamófobos de su presidente, Franklin Graham, quien reaccionó afirmando que su organización “no se retirará de la guerra espiritual en el Reino Unido”.
El American Center for Law and Justice (ACLJ) – dirigido por el ex abogado personal de Donald Trump, Jay Sekulow – gastó 5,7 millones, la mayor parte en Europa.
Las oficinas europeas de ACLJ y ADF han intervenido en decenas de casos en tribunales europeos contra los derechos sexuales y reproductivos. El año pasado, la corte constitucional de Polonia decidió prohibir el aborto en casos de graves defectos fetales. El grupo de Sekulow presentó argumentos legales a favor de esa restricción, condenada por el Consejo de Europa como una grave “violación de los derechos humanos”.
La filial europea de la ACLJ intervino además por primera vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de El Salvador, que prohíbe el aborto en cualquier circunstancia, fue denunciado por el encarcelamiento y la muerte de una mujer que había tenido en aborto espontáneo.
En un fallo histórico anunciado esta semana, y que crea jurisprudencia en la región, El Salvador fue declarado responsable y sentenciado a pagar compensaciones a la familia de la víctima y a modificar sus políticas y protocolos para evitar la criminalización de las mujeres que sufren emergencias obstétricas.
En Colombia, ADF y su socia local Nueva Democracia presentaron informes amicus (o ‘amigos de la corte’) ante la Corte Constitucional contra una demanda para retirar el aborto del código penal. Si la corte aceptara esta demanda, este país sudamericano se alinearía con México, cuya Corte Suprema declaró hace poco que es inconstitucional criminalizar el aborto.
Europa fue el primer destino del gasto internacional reportado por Federalist Society (2,4 millones), un grupo secular conservador de gran influencia en la política judicial estadounidense. Pero esta organización gastó por primera vez dinero en América Latina en 2019: 363.418 dólares.
Focus on the Family – expuesto en la última investigación de openDemocracy como un promotor transnacional de lo que críticos llaman ‘terapia de conversión’ contra las personas gay – destinó más dinero a América Latina (1,5 millones de dólares) que a cualquier otra región.
‘openDemocracy una vez más demuestra las conexiones orgánicas que, desde hace mucho, existen entre fuerzas antiaborto en EEUU y en América Latina’
En respuesta a los datos sobre el gasto latinoamericano de estos grupos de EEUU, la investigadora feminista Sonia Corrêa, de Sexuality Policy Watch, un foro internacional que investiga la política sexual en todo el mundo, dijo: “Esta nueva investigación de openDemocracy una vez más demuestra las conexiones orgánicas que, desde hace mucho, existen entre fuerzas antiaborto en EEUU y en América Latina”.
Corrêa observó que “el rol de ADF en la política regional antiaborto es conocido desde hace algún tiempo [pero] la información sobre la llegada de la Federalist Society es una novedad que requiere investigaciones adicionales”, debido a “su perfll de think tank secular, con un rol distinto de las redes de corte religioso que prevalecían hasta ahora”.
“Mi hipótesis es que esa nueva presencia puede estar vinculada al giro a la derecha de la política regional en años recientes», agregó.
El año pasado, en la primera revelación sobre la influencia internacional de la derecha cristiana estadounidense, openDemocracy mostró que 28 grupos habían gastado en todo el mundo al menos 280 millones de dólares entre 2017 y 2018. Las cifras de 2019 (último año con declaraciones financieras disponibles) elevan ese gasto a por lo menos 297 millones, con más de 68 millones gastados entre 2016 y 2019.
La demanda contra Mississippi está considerada “el caso sobre derecho al aborto más trascendente en varias generaciones”, por el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), que inició el litigio a nombre de la Women’s Health Organization de la ciudad de Jackson – el único centro de salud que todavía presta servicios de aborto en ese estado sureño.
Si la Corte Suprema declara que la prohibición del aborto de Mississippi es constitucional, es probable que otros 23 estados prohíban los abortos, entre ellos 12 que cuentan con ‘prohibiciones gatillo’ como la de Mississippi y que entrarían en vigor casi de inmediato, advierte el CDR.
Las últimas cifras disponibles indican que en 2017 se practicaron más de 862.000 abortos en EEUU, según el centro de investigación en salud sexual Guttmacher Institute.
Casi la mitad de las pacientes por aborto son pobres; otro 26 por ciento tienen ingresos bajos. Las personas blancas (39%), negras (28%) y latinas (25%) conforman la mayoría de quienes requieren estos servicios.
La relatora especial de la ONU para el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, advirtió hace poco que una derogación de Roe “tiene implicaciones catastróficas, y no solo para EEUU”, porque alentará ataques conservadores a los derechos reproductivos en todo el mundo.
La demanda contra Mississippi es ‘el caso sobre derecho al aborto más trascendente en varias generaciones’
La ley de Mississippi se diseñó en base a un modelo de legislación propuesto por ADF. Este grupo también le pagó a un abogado que fue el cerebro de la ley de Texas aprobada en septiembre, y que en esencia prohíbe el aborto después de la semana seis. (La Corte Suprema también tiene que pronunciarse sobre esta ley).
Este abogado, Jonathan Mitchell (que es miembro de la Federalist Society), también presentó amicus en el caso de Mississippi a nombre del grupo antiabortista Texas Right to Life.
ADF introdujo argumentos legales a favor de la prohibición de Texas, tal como hizo la Federalist Society con la de Mississippi.
Pero el aporte más crucial de esta última a la guerra contra los derechos de las personas gestantes vino de su líder, Leonard Leo, que cabildeó con éxito ante el entonces presidente Trump para nombrar a tres magistrados anti-aborto en la Corte Suprema, asegurándose una mayoría conservadora para conocer estos casos.
El ACLJ presentó tres amicus en favor de la prohibición del aborto en Mississippi, incluyendo uno a nombre de su filial, European Centre for Law and Justice (ECLJ),y otro por el grupo antiabortista Elliot Institute.
Heartbeat International, que también presentó argumentos legales por Mississippi, es un pionero de los ‘centros de embarazos en crisis’, que intentan impedir que las mujeres accedan a abortos legales.
openDemocracy comprobó “desinformación” generalizada en los centros afiliados a Heartbeat alrededor del mundo y la promoción por parte de este grupo de la ‘reversión de la píldora abortiva’, un tratamiento no autorizado.
BGEA, Family Research Council y Focus on the Family también se sumaron a los casos de Texas y Mississippi ya sea con amicus o con pronunciamientos.
Heartbeat International dijo en su respuesta a openDemocracy que su amicus a favor de Mississippi argumenta que Roe “debe derogarse porque la prevalencia de organizaciones de ayuda al embarazo hacen que ese precedente legal sea irrelevante”.
El grupo agregó: “Las mujeres tienen lo necesario para superar situaciones difíciles y cumplir sus sueños […] acompañadas por la asistencia de organizaciones de ayuda al embarazo [lo que] vuelve anticuado el argumento de que ‘el aborto es una necesidad legítima’”.
ACLJ, ADF, BGEA, Family Research Council, Federalist Society y Focus on the Family no contestaron nuestros pedidos de comentarios.
Buena parte del dinero de estos grupos conservadores viene de la National Christian Foundation (NCF), una entidad evangélica de derecha que les donó un total de $85 millones de dólares entre 2016 y 2020.
La principal beneficiaria fue ADF (48,9 millones); 73% de todas las donaciones recibidas por ADF vinieron de NCF.
También suministró 54 por ciento de las donaciones de Focus on the Family (23 millones), 54% para Family Research Council (10,6 millones), 2% para ACLJ (1,6 millones), 2% para Federalist Society (629.350 dólares) y montos menores para los demás.
NCF es un fondo designado por los donantes, que permite a estos elegir qué organizaciones son beneficiarias y mantenerse en el anonimato. Está considerada la “mayor fuente de dinero [para] movimientos provida y anti-LGBT de los últimos 15 años”.
Esta entidad también financió a grupos antiinmigrantes y antimusulmanes y es una fuente relevante de recursos para frenar la aprobación de la ley de igualdad, un proyecto apoyado por el presidente Joe Biden para ilegalizar la discriminación de las personas LGBTQ.
En una respuesta escrita a nuestros datos, NCF dijo servir a “más de 25.000 donantes […] para que apoyen individualmente sus causas y organizaciones filantrópicas favoritas”, y que ha “enviado más de 14.000 millones de dólares en donaciones a más de 70.000 entidades de beneficencia que suministran agua potable a los sedientos, rescatan víctimas de trata [y] traducen la Biblia a nuevos idiomas”.
“NCF no desarrolla ni implementa estrategias respecto de cuáles causas o entidades apoyar”, dijo el grupo. “Todas las donaciones se inician por recomendación de nuestros donantes”.
Fidelity Charitable (la mayor entidad benéfica de EEUU según sus ingresos en 2016), es una financiadora principal de varios de estos grupos conservadores en términos de montos y de cantidad de donaciones – cientos de pequeñas ayudas.
Ha donado un total de 7,9 millones de dólares desde 2016, la mayor parte a Focus on the Family (3 millones) vía 831 donaciones, ADF (2 millones) vía 407 donaciones, y Federalist Society (1,7 millones) vía 15 donaciones.
Fidelity Charitable, el brazo filantrópico del gigante financiero Fidelity Investments, es criticado por ayudar a sus clientes a financiar varias plataformas de extrema derecha.
Por ejemplo, la New Century Foundation, un grupo supremacista que fabricó la tesis de que las personas negras son más proclives a la violencia que las blancas, y VDARE Foundation, cuyo líder dijo que “los hispanos se especializan en la violación sexual, en especial de niños”.
La organización dijo, en una respuesta escrita que es “una entidad filantrópica neutra respecto de las causas […] completamente independiente de Fidelity Investments, y sus donaciones no reflejan los puntos de vista ni constituyen una aprobación de Fidelity Charitable o Fidelity Investments”.
Fidelity “respalda un programa de donaciones recomendadas por donantes individuales que tienen cuentas de fondos designados por el donante”, agregó.
El año pasado, Fidelity “distribuyó más de dos millones de donaciones recomendadas por los donantes a más de 170.000 organizaciones […] entre ellas [el grupo de salud sexual y reproductiva] Planned Parenthood”, concluyó.
Los hallazgos de openDemocracy “demuestran una vez más la tendencia creciente de los extremistas religiosos a forjar alianzas transfronterizas para promover […] argumentos pseudo-legales e involucrarse en procesos judiciales para deshacer la red de protección de los derechos humanos”, dijo Neil Datta, secretario del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Sophie in ‘t Veld, diputada neerlandesa del Parlamento Europeo, dijo: “Los europeos somos demasiado ingenuos si creemos que los logros en derechos para las mujeres y en derechos sexuales y reproductivos son irreversibles”.
“El movimiento antiabortista no solo tiene mucho dinero, también tiene un plan y determinación”, dijo in ‘t Veld. “Europa debe despertar, y debe hacerlo ya”.
* Este artículo fue publicado el 03 de diciembre del 2021 en el portal web Open Democracy, con la contribución de Tatev Hovhannisyan, Nandini Archer, Zeynep Sentek y Aaron White. Accede a su publicación aquí.
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